Migrantes hondureños y nicaragüenses pidieron este lunes «clemencia» al presidente estadounidense, Donald Trump, luego de que venciera oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS), que durante más de 25 años los protegió de la deportación.
La medida afecta a casi 60.000 personas que residen en Estados Unidos desde finales de los años noventa.
«Le pedimos, por favor, que ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal. Se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado», expresó la hondureña Iris Aguilar, quien participó en una reunión en la Pequeña Habana, en Miami, para denunciar la crisis que enfrentan miles de familias.
El alivio migratorio, vigente desde 1999 tras el devastador huracán Mitch, concluyó porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que «ya no continúan cumpliéndose los criterios para su designación».
Sin embargo, los afectados advierten que el fin del TPS constituye una «verdadera tragedia humana», al dejar en el limbo a miles de familias, muchas de ellas con hijos estadounidenses.
Florida, epicentro del impacto
El estado de Florida será uno de los más afectados: allí vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios del TPS en todo el país, según datos del Congreso de EE.UU. Solo en ese estado residen más de 55.000 hondureños que ahora quedan expuestos a la deportación.
«Pedimos al presidente que nos active el TPS, porque en estos momentos, a partir de las 12:00 de la noche, nuestro seguro médico, muchos beneficios van a ser cortados. Estamos sin nada, sin licencia», lamentó Lesly Mejía, otra de las afectadas.
Debate sobre condiciones de retorno
El DHS justificó la decisión argumentando que Honduras y Nicaragua han mostrado «mejoras notables» desde el paso del huracán Mitch, lo que permitiría el retorno de sus ciudadanos.
Esta postura fue respaldada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien declaró que el país «ya es seguro para volver».
Pero para los migrantes la realidad es otra. «En Nicaragua se establece una dictadura y en Honduras los gobiernos se volvieron cómplices del crimen organizado. Lamentamos profundamente las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, porque esa afirmación dista de la realidad», replicó Mejía.
Remesas en riesgo
La posible deportación masiva preocupa también por su impacto económico. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que Honduras no está preparado para recibir a más de 55.000 retornados:
«Más del 27 % del PIB depende de las remesas. Si miles de familias son deportadas, se generará una crisis humanitaria y económica sin precedentes».
Además, recordó que alrededor de 60.000 niños estadounidenses quedarían en riesgo de separación familiar si sus padres pierden la protección.
El camino legal
Aunque el TPS venció, aún existe una vía judicial. Un proceso en la Corte del Noveno Circuito, en San Francisco, podría dar una respuesta el próximo 18 de noviembre.
Sin embargo, hasta entonces, los hondureños y nicaragüenses afectados quedarán en incertidumbre.
La decisión ya afecta a familias mixtas en Estados Unidos, como la de Julio Marrero, puertorriqueño casado con una hondureña beneficiaria del TPS:
«Mi esposa lleva dos meses sin empleo, tiene miedo de salir de casa. Si la deportan, nos separan de nuestros hijos y nietos. Es un dolor que no tiene nombre».