Una adolescente de 17 años que se encontraba bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denunció un presunto abuso sexual que, según su relato, habría ocurrido dentro de instalaciones de la institución y señaló a un trabajador del área de atención psicológica como supuesto responsable.
De acuerdo con el testimonio difundido sobre el caso, la joven habría permanecido durante parte de su vida en casas hogar y también habría enfrentado períodos de situación de calle. En ese contexto, recibió atención psicológica mientras permanecía bajo protección institucional.
La adolescente relató que durante una de las atenciones habría recibido una bebida y posteriormente perdió el conocimiento. Según su versión, al recuperar la conciencia se encontraba en circunstancias que posteriormente la llevaron a sospechar que había sido víctima de una agresión sexual.
Posteriormente acudió al Hospital Escuela, donde, según su testimonio, le informaron que tenía aproximadamente siete semanas de embarazo.
La joven sostiene que comunicó lo ocurrido a las autoridades correspondientes, pero afirma que su denuncia no habría recibido la respuesta que esperaba. Hasta ahora, no se ha divulgado oficialmente la identidad del trabajador señalado ni existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal en su contra.
El caso requiere una investigación de las autoridades competentes para establecer qué ocurrió, determinar si existieron responsabilidades y garantizar la protección integral de la adolescente.
El Ministerio Público, a través de sus unidades especializadas, ha señalado que atiende denuncias relacionadas con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y realiza diligencias con equipos policiales, médicos, forenses, psicológicos y de trabajo social.
La situación también se produce en un contexto de preocupación por los embarazos vinculados a violencia sexual contra menores. En agosto, la SENAF informó que había identificado 62 casos de embarazos en niñas y adolescentes asociados a situaciones de abuso sexual durante 2026, aunque la institución advirtió que se trata únicamente de los casos que habían llegado a su conocimiento.
Por su parte, la SENAF establece entre sus funciones la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la coordinación de respuestas especializadas ante situaciones que puedan afectar su bienestar.
La adolescente manifestó que desea continuar con su embarazo y hacerse cargo de su hijo. Mientras avanzan las diligencias que correspondan, las autoridades deberán garantizar su protección, atención médica y acompañamiento psicológico, además del debido proceso para cualquier persona señalada dentro de la investigación.