Redacción – Las tensiones en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras alcanzaron un nuevo pico este lunes, luego que el consejero Marlon Ochoa presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público contra sus colegas Cossette López y Ana Paola Hall.
El motivo: la aprobación, por mayoría de votos, del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que Ochoa considera ilegal y riesgoso.
La denuncia, hecha pública por el propio Ochoa a través de su cuenta en la red social X, acusa a las consejeras de incurrir en los delitos de prevaricato administrativo, delitos electorales y usurpación de funciones.
Según el funcionario, la decisión de avalar el TREP se tomó sin convocar al pleno del CNE ni respetar los procedimientos que exige la Ley Electoral.
Ochoa subrayó que el sistema aprobado remite a los mismos mecanismos utilizados en las elecciones de 2013 y 2017, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados.
“Es inadmisible repetir esquemas que solo abonan a la desconfianza ciudadana”, señaló, advirtiendo que la implementación del TREP pone en riesgo la transparencia del próximo proceso electoral.
La primera denuncia radicada por el consejero acusa a López y Hall de haber emitido una enmienda a los pliegos técnicos del TREP sin contar con la participación ni autorización del pleno. Según Ochoa, esto constituye una violación directa a la normativa que regula las decisiones colegiadas del CNE.
Segunda denuncia
En una segunda denuncia, el funcionario argumenta que el sistema aprobado incluye una intervención humana en la verificación de resultados, un elemento que —asegura— no está contemplado en la Ley Electoral y vulnera las garantías mínimas de transparencia en la transmisión de los datos.
Si bien en los documentos entregados al Ministerio Público no se consignaron nombres específicos, Ochoa no dudó en señalar públicamente a las consejeras López y Hall como responsables de lo que calificó como una “aprobación irregular y peligrosa”.
Según él, ambas actuaron de forma unilateral, valiéndose de una mayoría momentánea para imponer el sistema sin consenso pleno.
Sin embargo, el impacto inmediato de las denuncias es incierto. El Ministerio Público se encuentra actualmente con su personal de vacaciones colectivas, por lo que no está claro si las acusaciones fueron oficialmente recibidas o si quedarán en espera hasta que la institución retome su ritmo normal.
Este detalle aumenta la preocupación en torno al manejo institucional de un tema clave a pocos meses de las elecciones generales.