La abogada y exdiputada Maribel Espinoza manifestó que existen elementos suficientes para que las autoridades competentes inicien acciones penales contra Marlon Ochoa y Mario Morazán, al considerar que sus actuaciones deben ser objeto de investigación.
Espinoza sostuvo que no solo ambos funcionarios deberían ser investigados, sino también los suplentes que, según señaló, se negaron a integrar de manera legal el Consejo Nacional Electoral, situación que, a su juicio, puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral y la alternancia en el poder.
La excongresista cuestionó además la existencia de intereses políticos que habrían intentado retrasar el conteo de votos, lo que podría afectar la transparencia del proceso democrático en el país.
En relación con la situación de Ráquel Obando, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Espinoza calificó como “raro y peligroso” que anunciara su renuncia y posteriormente cambiara de decisión, lo que, en su opinión, genera incertidumbre institucional.
Asimismo, explicó que el juicio político forma parte del régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos y que este mecanismo no excluye la aplicación de sanciones penales, administrativas o civiles en caso de comprobarse irregularidades.
Finalmente, la abogada señaló que el fiscal electo debería investigar al exfiscal Johel Zelaya para determinar si incurrió en responsabilidad penal, reiterando que un juicio político puede derivar en la destitución de los funcionarios cuando se acreditan actuaciones graves contrarias a la Constitución.