Caracas. La exdiputada María Corina Machado ha sido ungida este jueves como la candidata presidencial llamada a enfrentar al chavismo en las elecciones de 2024, una suerte de investidura que no le valdrá para competir si el Estado no levanta la inhabilitación política que le impide ocupar cargos públicos hasta 2030.
Después de haber recibido 2.25 millones de votos en las internas opositoras, la ingeniera de 56 años fue proclamada en un modesto acto, en Caracas.
En ese sentido, la Comisión Nacional de Primaria (CNP), quienes era sus contendientes el domingo pasado la ratificaron como la líder indiscutible del antichavismo.
Casi en paralelo, el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, daba una reprimenda a los embajadores acreditados en el país.
Lo anterior, por haberse reunido con Machado, a quien no se refirió por su nombre, sino por sus iniciales.
Para luego mostrar lo que considera “pruebas” del fraude que, según el chavismo y la Fiscalía, ocurrió en estas votaciones.
Tejer apoyos
En su primer discurso como candidata proclamada, Machado insistió en la necesidad de sumar a “los mejores” en su equipo de campaña.
“Gente muy competente” sin importar “su militancia o procedencia” para intentar ganarle al chavismo.
Quienes han estado en el poder desde 1999 y con un récord de comicios ganados, algunos señalados de fraudulentos.
La liberal llamó a los sectores del país a conformar “una gran alianza nacional que permita construir la gobernabilidad democrática”.
Y trabajar en la ruta hasta las presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.
Esa “ruta” pasa, antes que nada, por el levantamiento de su inhabilitación, impuesta en 2015 por la Contraloría por un período de 12 meses.
Aunque en el pasado julio la institución aclaró que la medida se extendía por 15 años, lo que le impide inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) el próximo año.
Pero, justamente, la delegación de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) aseguró que los acuerdos firmados este mes en Barbados con el Gobierno venezolano sí incluyen la autorización a sus dirigentes para competir libremente en 2024.
Uno de los acuerdos establece, “con principio de celeridad constitucional, un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, mediante el cual todo candidato a la Presidencia que esté sometido a una inhabilitación administrativa, debe respetársele su derecho constitucional y rehabilitar”, según el jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Gerardo Blyde.
Ataque sin tregua
En la acera de enfrente, el chavismo, vestido de institucionalidad, aprovechó la jornada para hablar con el cuerpo diplomático que opera en Venezuela.
De esa forma, repitió el mismo discurso esgrimido por el partido gobernante PSUV, el Parlamento, los gobernadores oficialistas y la Fiscalía en las últimas 96 horas.
“Con todo respeto, les solicitamos parsimonia, no se inmiscuyan en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo el jefe de la Cámara.
El objetivo de esta cita era presentar ante los embajadores “las pruebas sobre el fraudulento evento de primaria”.
Por lo que la Fiscalía abrió una investigación, suponiendo que se cometieron los delitos de “usurpación de funciones, identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
“Fraude para generar zozobra”
Rodríguez aseguró a los diplomáticos que la oposición incurrió en “un fraude para generar situaciones de zozobra”.
Misma que conduce al país “a la violencia política”, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó, no permitirá bajo ninguna circunstancia.
El diputado, además, expresó su “preocupación” por la reunión de “algunos embajadores” con Machado.
Por su parte, el jefe del Estado encabezó una “conferencia por la paz” en la que presentó un documento de respaldo a los acuerdos de Barbados.
Sobre todo para “desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo” lo pactado.
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Sin hacer ninguna mención a la posibilidad de levantar las inhabilitaciones políticas, Maduro afirmó que sus representantes en las negociaciones firmaron “libres de condicionamientos y chantajes”.
Para luego denunciar que hay países y políticos que pretenden usar las sanciones como método de “extorsión” contra su Gobierno. EFE