Marcio Cabañas, el recién nombrado fiscal general interino, ha asegurado que el Ministerio Público de Honduras (MP) seguirá operando con normalidad y aumentará esfuerzos en la lucha contra el crimen.
Esto, luego de la suspensión del fiscal Johel Zelaya después de que el Congreso Nacional admitiera una denuncia para juicio político en su contra.
Marcio Cabañas asume el interinato y asegura que “el MP no se detiene”
El letrado mencionó que ha asumido el cargo conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley del Ministerio Público.
Y que rápidamente sostuvo reuniones virtuales con directores del MP para coordinar las instrucciones orientadas a garantizar la continuidad del trabajo fiscal.
“Este proceso no detiene al Ministerio Público. Hay una deuda con la sociedad hondureña y me empeñaré en que esa deuda sea pagada combatiendo el delito, la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos comunes”, aseguró.
También ha destacado que únicamente los casos que cuenten con un sustento probatorio sólido, serán llevados ante los tribunales, con el objetivo de lograr sentencias condenatorias.
“Soy un fiscal de carrera, conozco los procesos investigativos y judiciales. Me ha caracterizado ser objetivo y respetuoso de la ley y la Constitución, y bajo esos principios vamos a regirnos”, sentenció.
Un contexto de debate público
Marcio Cabañas también se dirigió al personal del Ministerio Público, con un mensaje que asegura que su prioridad será motivar y fortalecer el trabajo institucional para brindar respuestas efectivas a la población hondureña.
De igual manera ha asegurado que no ha tenido comunicación con el fiscal suspendido Johel Zelaya e indicó que estarán atentos al desarrollo del juicio político en el Congreso Nacional.
El proceso contra Zelaya marca un momento clave para el sistema de justicia hondureño, en un ambiente de cuestionamientos sobre el rol del Ministerio Público en casos de alto impacto nacional.
Este cambio ocurre en un contexto de debate público sobre la credibilidad e independencia del ente acusador.
Al igual que señalamientos acerca de una presunta politización de la acción penal en el país.