El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Según informó la institución, ambos magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de ciudadanos como candidatos a diputados, pese a irregularidades en el proceso.
De acuerdo con las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano y, aun así, habría emitido opinión y participado en la resolución del caso sin que se siguiera el procedimiento formal establecido por la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
Dicha ley exige la formación de una pieza separada, la notificación del magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
El MP señala que esta actuación no solo contraviene la normativa que regula al TJE, sino que además carece de validez jurídica, ya que el magistrado Flores Urrutia intervino en un proceso en el cual existía una recusación en su contra, algo expresamente prohibido por la ley.
Otra irregularidad detectada, según el Ministerio Público, ocurrió el 28 de octubre, cuando los magistrados emitieron resolución definitiva a favor de los recursos presentados, ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos.
En esa ocasión, el TJE no habría estado debidamente integrado, pues no se convocó al tercer magistrado propietario ni a un suplente, lo que vulnera el requisito de la presencia de tres miembros para la validez de las resoluciones.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la solicitud de antejuicio presentada por los magistrados, al considerar que no gozan de las mismas prerrogativas que los magistrados de la CSJ.
Por tanto, los fiscales de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales presentaron el requerimiento fiscal para que la causa sea conocida por un juez natural.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar conforme a la ley y en defensa de la legalidad electoral.
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