El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la activación de las Zonas de Defensa Integral (ZODI) en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, ubicados en el noreste del país, como parte de un plan de defensa nacional.
“Hemos tomado iniciativa en todos los campos y terrenos. Toda la fuerza militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está desplegada en el chequeo de todas las tareas en conjunto con las autoridades políticas civiles legítimas del país”, declaró Maduro a través de Telegram.
El despliegue forma parte de la Operación Independencia 200, que busca “chequear y dejar en estado óptimo las 27 acciones territoriales” para la defensa del país, en momentos en que fuerzas militares estadounidenses se encuentran en aguas del Caribe.
Maduro explicó que el plan combina “la preparación para la resistencia popular prolongada activa y creativa” con “la ofensiva permanente”, en coordinación con las fuerzas militares, autoridades civiles, el poder popular y las fuerzas policiales.
“Estamos afinando la maquinaria para ganar la paz todos los días. Ganar la paz, ejercer la soberanía plenamente y defender el derecho a la vida y la alegría del pueblo”, afirmó el mandatario.
Contexto regional
En agosto, Estados Unidos realizó un despliegue militar en el sur del Caribe, argumentando que se trataba de una operación antidrogas.
Paralelamente, la fiscal general estadounidense Pam Bondi duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro, bajo acusaciones no sustentadas de liderar un supuesto “cártel de narcotráfico”.
Caracas ha repudiado el operativo, calificándolo como parte de una “guerra multiforme” orquestada desde Washington para propiciar un “cambio de régimen”.
Frente a la tensión, organismos como la Celac y el ALBA han reiterado su llamado a respetar la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz.
Asimismo, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció la desproporción de los ataques letales de EE.UU. en operativos antidrogas, los cuales calificó de “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.
Según informes de Washington, al menos 21 personas han muerto en bombardeos de agentes norteamericanos que alegaban perseguir a narcotraficantes.