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lunes, octubre 7, 2024

Maduro emite orden de detención contra Javier Milei, presidente de Argentina

Redacción. La dictadura de Nicolás Maduro ha emitido una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei.

Asimismo, contra su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad Patricia Bullrich, así lo anunció el fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab.

“El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa que se han asignado dos fiscales especializados en la materia, quienes ya están avanzando en las diligencias correspondientes», dijo Saab.

Este anuncio de la fiscalía chavista surge después de que los fiscales argentinos solicitaran se ordene la captura de Nicolás Maduro.

El pedido también incluye a varios militares y agentes de inteligencia acusados de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela, en el marco de un “plan sistemático”.

La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina se basó en una solicitud de las víctimas invocaron el principio de justicia universal para denunciar estos crímenes en Argentina.

Durante la audiencia, seis venezolanos relataron los horrores que sufrieron, destacando el testimonio de un fiscal venezolano que cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados únicamente en Venezuela.

Entre los crímenes denunciados, se mencionaron la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos y ejecuciones cometidos durante las elecciones presidenciales en Venezuela en julio, tras las denuncias de fraude.

La razón tras el pedido de detención

El régimen chavista justificó su persecución contra el presidente argentino en relación con la incautación de un avión de carga Boeing 747, embargado por Estados Unidos en colaboración con Argentina en 2023.

El avión había sido transferido previamente de la aerolínea iraní Mahan Air, que según las autoridades apoya al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, a la aerolínea venezolana Emtrasur, filial de una empresa estatal sancionada por Estados Unidos.

Las autoridades afirmaron que la transacción, realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violaba las leyes de control de exportaciones.

Igualmente, favorecía también a la Guardia Revolucionaria de Irán, sancionada por el gobierno de EE.UU. desde hace varios años.

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