Un juez federal en Texas dictaminó que el expresidente Donald Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) para intentar deportar rápidamente a presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
El fallo, emitido por el juez Fernando Rodríguez, designado por el propio Trump y perteneciente al Distrito Sur de Texas, representa el primer pronunciamiento judicial de fondo sobre la legalidad de aplicar esta norma del siglo XVIII en tiempos de paz.
Según Rodríguez, el gobierno de Trump “no posee la autoridad legal bajo la AEA […] para detener, transferir o expulsar a ciudadanos venezolanos” en base a la proclamación presidencial emitida en marzo pasado.
La decisión impide, al menos dentro de su jurisdicción, que el exmandatario utilice la controvertida ley para acelerar expulsiones de inmigrantes vinculados a supuestas actividades criminales.
La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798 y está diseñada para situaciones en las que Estados Unidos se encuentra en guerra formal.
Trump argumentó que la presencia de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, constituía una amenaza suficiente para justificar su uso.
Sin embargo, Rodríguez rechazó esta interpretación, señalando que permitir al presidente “definir unilateralmente las condiciones” para aplicar la AEA eliminaría los frenos legales al poder ejecutivo y socavaría el rol del poder judicial.
La decisión tiene un impacto inmediato sobre un grupo de migrantes venezolanos que estaban a punto de ser deportados a El Salvador y enviados a la cárcel de alta seguridad Cecot, conocida por sus duras condiciones.
Los vuelos ya habían comenzado en marzo, pero se detuvieron tras la intervención judicial.
“Este es el primer tribunal que se pronuncia directamente sobre la cuestión fundamental de si una autoridad en tiempos de guerra puede utilizarse en tiempos de paz, y llegó a la conclusión de que no puede”, celebró Lee Gelernt, abogado de la ACLU, organización que encabezó el desafío legal.
A pesar del revés, el fallo aclara que otras leyes migratorias podrían seguir aplicándose para procesar la deportación de los migrantes retenidos en un centro del sur de Texas, siempre que se respeten los límites legales vigentes.
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han frenado o cuestionado la legalidad de varias acciones migratorias impulsadas por Trump durante y después de su presidencia, y marca un precedente clave en el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.