Honduras continúa enfrentando niveles críticos de libertad de prensa y ocupa el lugar 16 de 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El barómetro, presentado este martes, abarca del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.
El informe señala que la libertad de prensa en el país centroamericano se mantiene en niveles críticos desde su retroceso registrado en 2023, coincidiendo con la gestión de la expresidenta Xiomara Castro y con una crisis política en el Parlamento, elementos que habrían “lastrado” el desempeño de Honduras en materia de libertad de expresión.
Según la SIP, Honduras obtuvo una puntuación de 35,64 sobre 100, la más baja registrada hasta ahora, lo que representa una caída de 4,21 puntos respecto al año anterior. El organismo identifica al Ejecutivo como el principal foco de “situaciones adversas a las libertades de expresión y de prensa”, con influencia “moderada”, mientras que el Legislativo mantiene vigilancia “muy de cerca” sobre el desarrollo de estas libertades.
En la categoría que evalúa la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, Honduras alcanzó apenas 8,53 puntos de un máximo de 40. En “Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse”, la puntuación fue de 11,33 sobre 30, y en “Control de Medios y Periodismo” obtuvo 15,78 de 30 puntos posibles.
El informe destaca que la situación se agravó durante las elecciones de noviembre pasado, con un “patrón diverso de agresiones a la prensa”. Entre los casos más graves se encuentran los asesinatos de los periodistas Juan López en diciembre de 2024 y Javier Antonio Hércules Salinas en junio de 2025, quien contaba con un mecanismo de protección estatal que resultó “ineficaz”.
Asimismo, altos mandos militares calificaron a comunicadores como “sicarios de la verdad” y los acusaron de “tener vínculos con el crimen organizado”. En enero de 2025, periodistas y comunicadores del departamento de Colón denunciaron haber sido “falsamente vinculados con grupos criminales”.
Durante el período analizado, entre el 1 de enero y el 4 de junio, se documentaron al menos 64 agresiones no letales contra comunicadores en Honduras. La SIP advierte que estas cifras reflejan un contexto de “alta restricción” a la libertad de prensa que persiste en el país, poniendo en riesgo tanto la labor periodística como el derecho de la ciudadanía a estar informada.