Tegucigalpa, Honduras — Fiscales del Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron este miércoles un operativo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de las investigaciones derivadas del escándalo conocido como el “cheque video”.
La acción incluyó el secuestro de documentos, expedientes y registros administrativos relacionados con ayudas sociales y transferencias monetarias, con el objetivo de establecer si fondos públicos fueron desviados para beneficiar actividades políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Investigación apunta al uso político de fondos públicos
Según explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, los fiscales asignados buscan determinar la legalidad de los recursos asignados por la Sedesol y si estos fueron utilizados para propósitos proselitistas, particularmente en el departamento de Copán.
“El Ministerio Público realiza inspecciones tanto físicas como documentales para verificar si hubo irregularidades en la asignación y entrega de ayudas sociales”, detalló Mora.
Las diligencias se dan tras la filtración de un video que provocó una fuerte ola de indignación pública y renuncias en el gabinete.
El polémico “cheque video”
El centro de la controversia es un video que circuló en redes sociales la semana pasada, en el cual aparecen el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada y vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, discutiendo la distribución de fondos públicos presuntamente con fines electorales.
En la grabación, se escucha a los involucrados hacer referencia a la asignación de millones de lempiras en ayudas sociales supuestamente destinadas a comunidades de Copán, pero que, según las denuncias, habrían sido utilizadas para favorecer estructuras partidarias.
Como resultado de la presión pública y mediática, Cardona presentó su renuncia el viernes anterior, pero distintos sectores han considerado esta medida insuficiente y simbólica, exigiendo acciones penales y sanciones institucionales más profundas.
Inspecciones en campo y auditoría del impacto social
Paralelamente, la ATIC también realiza inspecciones de campo en comunidades de Copán, donde fueron reportadas donaciones y programas sociales supuestamente manipulados.
El objetivo es comprobar si los fondos entregados llegaron a los beneficiarios reales o si fueron desviados en procesos irregulares.
La investigación busca establecer si se incurrió en delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude o uso indebido de recursos estatales con fines políticos.
Reacciones y exigencias de transparencia
El escándalo ha intensificado la presión sobre el gobierno y la Secretaría de Transparencia, ya que varios sectores sociales, ONG y figuras políticas han exigido mayor rendición de cuentas, así como la presentación de requerimientos fiscales contra los implicados.
“Este caso representa una oportunidad para demostrar si existe verdadera voluntad política para combatir la corrupción”, señaló un comunicado de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), que ha pedido la intervención de entes internacionales de auditoría si no hay avances concretos en el proceso.