El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió que los nueve condenados en el caso Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, deberán devolver de forma solidaria la suma de $684.990.350.139,86, cifra actualizada por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema. Al tipo de cambio oficial, equivale a unos 537 millones de dólares.
La resolución judicial, firmada por el juez Jorge Gorini, desestimó los cálculos presentados por el perito de parte de la ex mandataria y también por los técnicos de la fiscalía, inclinándose por la cifra sostenida por los peritos oficiales del máximo tribunal.
Se fijó un plazo de 10 días hábiles para el depósito, que vence durante las dos primeras horas del próximo 13 de agosto.
“Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”, indica la resolución judicial.
El decomiso corresponde al daño económico producido al Estado en el marco de una “gravísima maniobra de corrupción”, según señalaron los jueces Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
Para canalizar el pago, se ordenó al Banco de la Nación Argentina la apertura de una cuenta judicial destinada exclusivamente a la recepción del dinero.
Cifras y discrepancias
El punto de partida para el cálculo fue el monto establecido en la sentencia de diciembre de 2022: $84.835 millones. El perito de parte de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain, propuso un monto de $42.494 millones, pero fue rechazado.
Por su parte, los peritos de la fiscalía ofrecieron seis escenarios, el más alto basado en el CER-BCRA: $723.890 millones. Finalmente, el tribunal se inclinó por el valor actualizado según la inflación del INDEC, coincidente con el de los peritos de la Corte.
Posible ejecución y ampliación de embargos
El tribunal también autorizó la ejecución de bienes en caso de incumplimiento del pago, y ordenó la ampliación de los embargos sobre bienes inmuebles hasta cubrir la cifra establecida.
Sobre los bienes muebles, se aclaró que ya existen medidas precautorias suficientes y no se requieren nuevas inscripciones registrales.
Sospechas sobre maniobra con bienes de Lázaro Báez
En relación con Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, el TOF 2 respondió a un pedido del fiscal Diego Luciani y solicitó a la cárcel de Río Gallegos que registre fotográficamente toda documentación que pretenda ser ingresada, luego de que Insaurralde fuera vista accediendo con supuestos documentos notariales para administrar propiedades bajo embargo.
El tribunal solicitó también mayor detalle sobre los bienes que integran el patrimonio de las sociedades involucradas, especialmente aquellos ya realizados o aún cautelados.
Con esta decisión, el proceso judicial avanza hacia la recuperación del dinero producto de uno de los escándalos de corrupción más relevantes del país, cuya sentencia fue recientemente ratificada por la Corte Suprema.
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