El Ministerio Público de Honduras advirtió que las recientes destituciones de altos funcionarios mediante juicios políticos en el Congreso Nacional podrían derivar en acciones penales, si durante los análisis correspondientes se identifican responsabilidades delictivas.
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, señaló que el alcance de estos procesos no se limitará únicamente al ámbito político o administrativo, sino que también será evaluado desde una perspectiva penal, conforme a lo establecido en la ley.
“El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político”, afirmó el titular del ente acusador, al indicar que el Ministerio Público actuará en caso de detectarse posibles delitos como corrupción, prevaricato u otros vinculados a la administración pública.
Tras la destitución del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, la institución confirmó que el informe derivado del proceso será sometido a un análisis técnico-jurídico exhaustivo para determinar si existen elementos que justifiquen una investigación penal.
Morazán fue sometido a juicio político junto al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en medio de señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2025.
Aunque el exmagistrado compareció ante el pleno del Congreso Nacional para ejercer su defensa, la decisión final de los diputados fue su destitución, junto a otros funcionarios señalados en el mismo proceso.
El Ministerio Público reiteró que cada caso será evaluado de forma individual, y que las decisiones adoptadas en el ámbito legislativo no excluyen la posibilidad de responsabilidades penales si así lo determinan las investigaciones.