Tegucigalpa. Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo este jueves que él es “víctima de una persecución y conspiración política” después de las acusaciones de fraude y lavado presentadas en Tegucigalpa.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este miércoles requerimiento fiscal en contra de los expresidentes de Honduras Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.
El Ministerio Público indicó que la Uferco presentó requerimiento fiscal contra Hernández por fraude y lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.
Víctima de persecución, según Ana García
“Esto ratifica lo que hemos sostenido durante este tiempo: Juan Orlando es víctima de una persecución y conspiración política”, dijo.
“Se confirma hoy claramente cuando se presenta una acusación sobre un caso donde el Poder Judicial en sus diferentes instancias ya se ha pronunciado librando de responsabilidad a varios de los procesados en ese expediente”, indicó García.
Durante el proceso judicial “nunca se mencionó a mi esposo o se le citó a declarar”, aseguró la esposa de JOH.
El caso Pandora, es una “línea de investigación que desde 2018 maneja la Uferco y nunca antes, en más de cinco años habían mencionado algo contra mi esposo”, añadió.
“Ahora estando ausente, sin poder ejercer su derecho a defensa material, Juan Orlando sigue siendo víctima de violaciones a sus derechos”, subrayó la ex primera dama.
Los abogados defenderán la estrategia legal en Honduras
García señaló que su esposo le pidió “instruir a los abogados para definir una estrategia legal de defensa ante esta persecución”.
De la misma manera, aseveró que: “Juan Orlando es inocente y pronto volverá”.
El expresidente Lobo es acusado por fraude en un caso que involucra también a seis altos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas.
En el caso están involucrados además seis exfuncionarios, entre ellos el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato.
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Asimismo, el exgerente de Banadesa Jorge Johny Handal, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Según las investigaciones, los acusados conformaron entre 2010 y 2013 “una red de corrupción” que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos.