TEGUCIGALPA. La crisis financiera de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) se profundizó durante la gestión de José Antonio Morales, marcada por pérdidas, conflictos internos y una creciente presión sobre las finanzas de la estatal.
Uno de los golpes más severos fue la confirmación de una demanda por 225 millones de lempiras, relacionada con un proyecto fallido que se remonta a 2012, pero cuyo pago terminó impactando de lleno la administración encabezada por Morales. El propio gerente reconoció en su momento que la obligación financiera colocó a la empresa en una situación “complicada”.
A la pesada carga judicial se sumaron los problemas estructurales que desde hace años arrastra Hondutel: reducción de clientes, rezago tecnológico, competencia agresiva de operadores privados y una planilla históricamente cuestionada por su alto costo operativo.
Durante la administración de Morales también surgieron denuncias por despidos masivos, protestas sindicales y choques políticos internos, señales de una institución sumida en la inestabilidad administrativa. Sectores internos incluso advirtieron sobre una nueva crisis institucional tras las destituciones realizadas en 2023.
Aunque desde la gerencia se anunciaron alianzas estratégicas y proyectos de modernización, incluyendo acuerdos tecnológicos para nuevos ingresos, los resultados financieros siguieron bajo presión y no lograron disipar la percepción pública de una empresa al borde del colapso.
Para analistas y sectores críticos, el paso de Morales por Hondutel terminó dejando una institución aún más debilitada, con mayores compromisos económicos y sin una ruta clara de recuperación sostenible.
PÉSIMO MANEJO DE LOS RECURSOS
José Antonio Morales dejó a la estatal en una profunda crisis financiera, a pesar de haber asegurado uno de los contratos más importantes de los últimos años: la prestación de servicios tecnológicos y de videovigilancia al Sistema Nacional de Emergencias 911.
En mayo de 2023, se confirmó que el 911 pagaría a Hondutel más de 294 millones de lempiras al año, equivalentes a unos 12 millones de dólares, por servicios de llamadas, internet y monitoreo de unas 3,500 cámaras a nivel nacional. El propio Morales calificó ese acuerdo como un ingreso clave para rescatar las finanzas de la empresa.
Sin embargo, pese a ese millonario flujo de recursos, la estatal continuó operando en números rojos, arrastrando pérdidas históricas, una pesada planilla, rezago tecnológico y obligaciones judiciales heredadas.
Entre estas sobresale una demanda por 225 millones de lempiras, que terminó agravando aún más la situación económica de la telefónica estatal.
Sectores críticos cuestionan que, aun con el oxígeno financiero proveniente del 911, no hubo una recuperación visible en la estructura operativa de Hondutel. Por el contrario, durante la gestión de Morales persistieron denuncias sobre fallas en cámaras, interrupciones por actualizaciones de software y dudas sobre la eficiencia del servicio contratado.
El contraste entre el monto del convenio y la falta de una mejora contundente en la salud financiera de la empresa ha alimentado cuestionamientos sobre el manejo de esos recursos y sobre si el contrato realmente fue aprovechado para sanear la estatal o solo sirvió como un alivio temporal en medio del deterioro.
EL COLMO
Para analistas, el paso de Morales deja una interrogante de fondo: ¿cómo una empresa que recibió casi 300 millones de lempiras anuales por un solo contrato terminó igualmente al borde del colapso?
Las demandas contra Hondutel ya superan los 2 mil millones de lempiras, configurando una pesada carga legal que compromete seriamente la estabilidad de la estatal.
A este escenario se suman las pérdidas operativas, que solo en el mes de enero rozaron los 20 millones de lempiras, reflejando un flujo financiero negativo sostenido y una estructura que continúa generando más gastos que ingresos.
El peso de estas cifras evidencia una empresa atrapada entre obligaciones judiciales millonarias, altos costos operativos y una limitada capacidad de generación de ingresos en un mercado cada vez más competitivo.
La situación se agrava por el rezago tecnológico frente a operadores privados, la reducción progresiva de su base de clientes y una infraestructura que requiere inversiones urgentes para mantenerse funcional.
En este contexto, los indicadores financieros no solo muestran un deterioro coyuntural, sino un problema estructural que pone en entredicho la sostenibilidad de Hondutel a mediano y largo plazo.
Economistas y expertos en telecomunicaciones advierten que, de no implementarse correctivos inmediatos, la estatal podría enfrentar mayores dificultades para cumplir con sus compromisos, incluyendo obligaciones laborales, operativas y legales.
Entre las medidas que se consideran urgentes destacan una reestructuración profunda del gasto, la revisión de contratos clave, la modernización tecnológica y la definición de una estrategia clara que permita a la empresa competir en el mercado actual. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos han sido percibidos como insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Así, Hondutel se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones que se tomen en el corto plazo serán determinantes para evitar un mayor deterioro financiero y definir si la estatal puede encaminarse hacia una recuperación o profundizar su crisis.
DATO
Ante la magnitud de los recursos que José Antonio Morales manejaba y su constante fracaso en Hondutel, escondido en un mundo de sombras y mentiras, analistas exigen al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la PGR que se realicen auditorías e investigaciones en la estatal.