El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández reaccionó a las recientes declaraciones del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, y cuestionó el cambio de postura que, según afirmó, existe respecto a los casos de corrupción conocidos como Pandora.
Hernández manifestó que las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) le generan preocupación, especialmente por el impacto que podrían tener sobre su seguridad.
“La Procuraduría fue clara y dijo: ‘Lo queremos ver en la cárcel, no importa el riesgo que tenga’. Tal vez para ellos la vida mía no tiene el mismo valor”, expresó Hernández al referirse a las declaraciones atribuidas al procurador.
El exmandatario también recordó que Aspra anteriormente ejerció como abogado de personas vinculadas a procesos relacionados con el caso Pandora I. Según Hernández, en aquella etapa el ahora procurador habría sostenido que los señalamientos contenidos en el expediente carecían de fundamento.
“El señor Aspra fue apoderado de muchos que estuvieron en el caso Pandora I y él mismo declaró que todo lo que había ahí no tenía sentido. Ahora es un cambio de opinión, él sabrá por qué lo hace”, señaló.
Dagoberto Aspra asumió como procurador general de la República en febrero de 2026, después de ser electo por el Congreso Nacional para el período 2026-2030. Desde su llegada al cargo ha anunciado una agenda orientada al fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado y a combatir actos que puedan ocasionar perjuicios al patrimonio público.
Las declaraciones de Hernández se producen en un momento especialmente sensible de su situación judicial. El expresidente regresó a Honduras el 26 de julio, después de recibir un indulto del entonces presidente estadounidense Donald Trump que dejó sin efecto la condena de 45 años que cumplía en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
En Honduras, Hernández enfrenta un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el caso Pandora II. La investigación sostiene que recursos públicos habrían sido desviados para financiar actividades políticas. Hernández rechaza las acusaciones y sostiene que existe una persecución en su contra.
La situación tuvo un nuevo giro el 3 de agosto, cuando un juez determinó que Hernández puede enfrentar el proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen restricciones como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. La Fiscalía había solicitado que permaneciera privado de libertad durante el proceso.