Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei decidió revocar este viernes la pensión de privilegio que recibía el exvicepresidente de Cristina Fernández, Amado Boudou (2011-2015), argumentando que su condena penal definitiva por corrupción lo inhabilita para seguir percibiendo este beneficio.
Boudou, quien fue el segundo al mando durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), había sido condenado en 2020 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Lo que le costó cinco años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) justificó la decisión basándose en la Ley 24018, que otorga pensiones de privilegio no contributivas a expresidentes y vicepresidentes.
No obstante, establece que dicho beneficio es «jurídicamente incompatible para quienes hayan cometido un delito en el ejercicio de la función pública en perjuicio del Estado Nacional».
Cristina Fernández también afectada
En un movimiento similar, el gobierno de Milei también retiró las pensiones de privilegio que cobraba Cristina Fernández.
Esto, tanto por su rol como expresidenta (2007-2015) como por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Esta decisión se produjo después de que Fernández recibiera una condena en segunda instancia el pasado miércoles a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos,
En un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su administración y la de su esposo.
Reacciones y controversia
La medida ha generado una fuerte reacción por parte de Cristina Fernández, quien no dudó en arremeter contra el presidente Milei, calificándolo de “dictadorzuelo”.
En su defensa, la exmandataria sostuvo que la decisión es “ilegal” porque, según ella, las pensiones para expresidentes no se otorgan por buen desempeño.
De acuerdo a su criterio, por el “mérito” de haber sido elegidos por el voto popular.
Fernández, quien también vicepresidenta entre 2019 y 2023, argumentó que el “mal desempeño” de un presidente solo lo puede evaluar el Congreso Nacional a través de un juicio político mientras está en funciones.
Además, señaló que aún tiene la posibilidad de apelar su condena ante la Corte Suprema, lo que dejaría en suspenso su sentencia hasta que se agoten todas las instancias judiciales.
El contexto legal
La decisión de Milei de retirar las pensiones se enmarca en su promesa de campaña de combatir la corrupción y reformar el sistema político.
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Sin embargo, la polémica crece debido a que la Ley 24018 no se ha aplicado para revocar beneficios de expresidentes o vicepresidentes previamente condenados.
Analistas políticos señalan que esta medida podría sentar un precedente para futuros casos de funcionarios condenados.
Mientras que los seguidores de Fernández consideran que se trata de una persecución política con el objetivo de debilitar a la oposición.