La diputada Isis Cuéllar, representante por Copán, negó tener responsabilidad directa en el manejo irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria, señalando que corresponde a sus colaboradores y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) supervisar y ejecutar dichos recursos.
La congresista se pronunció en respuesta a un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que detectó irregularidades como obras no ejecutadas, documentos falsificados y ausencia de controles de supervisión.
El 19 de agosto pasado, el TSC remitió el oficio 056-2025-SEDESOL-DP-TSC solicitando aclaraciones a Cuéllar.
Nueve días después, la parlamentaria respondió que había recibido 65 solicitudes para reparaciones de vivienda y proyectos productivos, las cuales fueron remitidas íntegramente a Sedesol.
Isis Cuéllar defiende ayudas
Afirmó que no realizó evaluaciones previas y que la selección de beneficiarios correspondía únicamente a esa institución.
Cuéllar reconoció que dos beneficiarias —Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez— forman parte de su equipo de trabajo, así como otros colaboradores como Gabriela López, Eduin Carbajal y Lisbeth Jiménez.
Algunos testimonios apuntan a Baquedano como la encargada de recolectar el dinero una vez cobrados los cheques de ayuda social. No obstante, la diputada descartó responsabilidad directa sobre sus acciones.
La congresista defendió que las ayudas se entregaron a personas en situación de vulnerabilidad y rechazó la relevancia del parentesco señalado por el TSC respecto a beneficiarios de su entorno.
Aseguró que las solicitudes fueron presentadas ante Sedesol y aprobadas por el comité interno del fondo, conforme al reglamento, y reiteró que su papel se limitó a gestionar las ayudas, dejando la supervisión y ejecución a Sedesol.
Este caso ha generado un debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y sobre la claridad de las responsabilidades entre diputados y organismos encargados de ejecutar los recursos.
Mientras tanto, la investigación del TSC continúa, y Cuéllar mantiene su postura de actuar dentro de sus atribuciones, desligándose de vínculos directos con las irregularidades detectadas.
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