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domingo, octubre 6, 2024

Investigan a dos hondureños acusados de matar icónica águila para alimentarse

Denver. Agentes federales del Servicio de Pesca y Vida Salvaje (FWS) de Estados Unidos anunciaron este martes que investigan a dos hondureños acusados de matar en febrero pasado un águila calva.

Los sospechosos son Ramio Hernández Tziquin y Domingo Zetino Hernández, ambos de 20 años y residentes en Norfolk, Virginia.

«Creemos que los hondureños están aquí ilegalmente después de consultar con Inmigración de los Estados Unidos», dijo el alguacil Mike Unger.

En declaraciones, el alguacil Unger se quejó de la falta de cooperación federal para resolver el caso descubierto el pasado 28 de febrero.

Según el comunicado, ese día alguien alertó sobre la presencia de un «vehículo sospechoso» en el Área Recreativa Wood Duck.

Cuando los alguaciles respondieron, se encontraron con dos los hondureños y con el águila dentro del vehículo de los inmigrantes.

Una investigación adicional reveló que los dos habían disparado y matado al ave nacional protegida en esa área recreativa.

Asimismo, declararon que ellos creían que era un buitre y planeaban cocinar y comerse el ave», dijo Unger en su comunicado.

Además, las autoridades confirmaron que «también cortaron las patas del ave, con la intención de convertir las garras en adornos».

«¿Acaso no sabían que era un águila calva norteamericana? No tengo forma de saberlo. Son ciudadanos hondureños», expresó el alguacil.

Un año de prisión y multa monetaria 

Agentes de la Comisión de Parques y Vida Salvaje de Nebraska incautaron tanto al águila como el rifle a aire comprimido utilizado para matar al ave.

FWS recién analiza la posibilidad de presentar cargos federales contra los hondureños, en el marco de la Ley de Protección de Águilas, aprobada en 1940 y reaprobada en 2007.

Si fueran encontrados culpables, podrían recibir una sentencia de hasta un año en prisión y una multa de hasta 100.000 dólares cada uno.

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Si los hondureños respondieran solo a cargos locales, entonces únicamente podrían ser acusados de posesión ilegal del cuerpo de un ave protegida.

Este es un delito menor con una sentencia máxima de un año en prisión y una multa de entre 500 dólares a 5.000 dólares, dependiendo de los cargos. EFE

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