Tegucigalpa, Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como un avance en materia de rendición de cuentas la investigación abierta contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por presuntos ataques contra la libertad de prensa.
La organización internacional señaló que el proceso debe desarrollarse con independencia, imparcialidad y transparencia, con el propósito de esclarecer las denuncias y determinar, conforme a la ley, si existen responsabilidades.
La postura de la SIP ocurre mientras el Ministerio Público mantiene abiertas diligencias relacionadas con las denuncias presentadas contra Hernández durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2026, la Fiscalía informó que realizaba actuaciones prejudiciales y que solicitaría un peritaje especializado para analizar videos difundidos en redes sociales vinculados con las denuncias de periodistas.
Entre los casos investigados figura una denuncia presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez, quien señaló al entonces jefe militar por presuntas agresiones, amenazas e injurias. El expediente también incluye cuestionamientos relacionados con expresiones y publicaciones dirigidas contra periodistas y medios de comunicación.
La controversia tiene antecedentes desde 2025, cuando la SIP y otras organizaciones expresaron preocupación por acciones atribuidas a Hernández contra medios hondureños. La SIP había advertido entonces sobre actuaciones judiciales que podían afectar la confidencialidad de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa.
En julio de 2026, defensores de derechos humanos cuestionaron que la investigación todavía no haya derivado en un requerimiento fiscal. Según declaraciones recogidas por medios hondureños, las diligencias permanecen en el Ministerio Público mientras se determina si los hechos denunciados constituyen delitos y si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal.
La SIP insistió en que el siguiente paso debe ser garantizar un proceso sin interferencias, de manera que las autoridades puedan establecer qué ocurrió y, de ser procedente, deducir las responsabilidades correspondientes.
La organización también reiteró la importancia de proteger el ejercicio periodístico en Honduras y de garantizar que los comunicadores puedan realizar investigaciones y difundir información sin intimidaciones, amenazas o represalias.
El caso permanece bajo investigación y, hasta ahora, no existe una resolución definitiva que establezca responsabilidad penal de Hernández por los hechos denunciados.
