El nuevo arancel global del 15% impuesto por el presidente de Donald Trump entró en vigor este martes como una medida temporal, tras el fallo de la Supreme Court of the United States que invalidó parte de su esquema de gravámenes comerciales.
El mandatario anunció la decisión el pasado viernes durante una conferencia de prensa en la White House, donde calificó de “ridícula” la determinación del alto tribunal.
La corte, por seis votos contra tres, anuló los llamados aranceles “recíprocos” y otras disposiciones adoptadas bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), fundamento legal utilizado por la administración para respaldar su política arancelaria.
Inicialmente, Trump había propuesto una tasa del 10 %, pero un día después la elevó al 15%, describiéndola como parte de las “poderosas alternativas” disponibles tras el revés judicial.
La nueva tarifa fue establecida bajo la sección 122 de la Trade Act of 1974 y tendrá una vigencia aproximada de 150 días, hasta el 23 de julio, periodo tras el cual solo podrá ser prorrogada con aprobación del Congreso.
La decisión del Supremo y la posterior respuesta del presidente han generado incertidumbre entre los socios comerciales de Estados Unidos, especialmente aquellos que habían negociado condiciones preferenciales en el contexto de la guerra comercial.
Algunos países, como Brasil, uno de los más impactados por los gravámenes suspendidos, han considerado “positivo” el nuevo arancel global al uniformar las tarifas.
De acuerdo con la Casa Blanca, quedan exentos del recargo productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales destinados a monedas, ciertos bienes energéticos y aeroespaciales, además de donaciones y equipaje personal.
Asimismo, no se verán afectados sectores que ya cuentan con gravámenes específicos impuestos por la administración fuera del alcance de la IEEPA, entre ellos el 50 % aplicado al acero, aluminio y sus derivados, así como los productos incluidos en el tratado United States-Mexico-Canada Agreement (T-MEC).
Con esta medida, el Gobierno estadounidense busca mantener su estrategia comercial mientras se define el alcance legal de los aranceles y su posible futuro en el Congreso.