Tegucigalpa. Un informe preliminar de auditoría encendió alertas sobre posibles vulneraciones en la gestión de información sensible del Sistema Nacional de Emergencias 911 durante la administración pasada, al advertir que datos como llamadas de auxilio, grabaciones de cámaras de seguridad y registros de operativos podrían haber estado expuestos a un manejo sin controles adecuados.
El documento, elaborado por una comisión auditora nombrada por el actual Poder Ejecutivo y al que tuvo acceso ICN Investiga, señala que los servidores donde se almacena esta información habrían sido administrados por una empresa externa sin la debida supervisión institucional, lo que impide establecer con certeza qué ocurrió con los datos ni si estos pudieron haber sido extraídos sin autorización.
De acuerdo con el informe, el personal técnico de dicha empresa contaba con acceso completo a los servidores, incluyendo la posibilidad de realizar modificaciones sin mecanismos de control ni sistemas de registro que permitieran auditar sus acciones.
Información en riesgo de filtraciones
Esta situación, advierten los auditores, representa un riesgo significativo en el manejo de información crítica.
La advertencia surge en el contexto de una transición tecnológica que implicó la sustitución de infraestructura previamente operada por Dynamic Corporation S.A. de C.V., cuyo contrato incluía servicios de videovigilancia, mantenimiento y enlaces de datos, ampliado hasta 2028 por un monto aproximado de 154.4 millones de dólares.
En agosto de 2022, la empresa suspendió sus servicios alegando falta de pago, lo que provocó la interrupción del sistema de videovigilancia en varias ciudades del país durante meses, afectando directamente la capacidad operativa del 911.
Posteriormente, el sistema fue migrado a equipos Huawei, proceso ejecutado por la empresa Innova Solutions, que recibió recursos públicos para la implementación y soporte de la nueva infraestructura tecnológica.
Durante dicha migración, el acceso irrestricto otorgado al personal técnico del proveedor a los servidores sin controles robustos ni trazabilidad es uno de los puntos más sensibles identificados por la auditoría, que recomienda realizar investigaciones adicionales para descartar la salida no autorizada de información.
El informe también describe que los servidores constituyen el núcleo del sistema, al concentrar datos, configuraciones, accesos de usuarios y registros de actividad.
En el caso del 911, estos equipos sostienen la operación de la plataforma de videovigilancia que administra miles de cámaras a nivel nacional y permite la atención de emergencias en tiempo real.
La revisión se originó tras detectarse inconsistencias en la gestión institucional del sistema durante la administración anterior, encabezada por Roberto Reina y posteriormente por una comisión interventora dirigida por Miroslava Cerpas.
Con la llegada de una nueva administración, encabezada por José Leonardo Mejía Espinal, se inició una evaluación más profunda que reveló múltiples debilidades técnicas y administrativas.
Hallazgos adicionales
Entre los hallazgos adicionales se identifican problemas en la actualización de la información técnica, la cual no reflejaba el funcionamiento real del sistema, obligando a realizar un nuevo levantamiento de datos para establecer una base confiable.
Asimismo, se reportaron interferencias internas en el control de accesos, donde personal vinculado a la administración anterior habría revertido configuraciones administrativas, obligando a restablecer credenciales y bloquear usuarios para recuperar el control del sistema.
El documento advierte también sobre vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, incluyendo equipos y sistemas desactualizados, falta de herramientas de seguridad como antivirus y firewalls de respaldo, así como riesgos asociados al vencimiento de licencias de software crítico, entre ellos servicios de infraestructura, herramientas ofimáticas y plataformas de seguridad.
A esto se suma que el personal técnico no cuenta con certificaciones especializadas suficientes para operar un sistema de alta complejidad como el 911, además de depender de terceros para la resolución de fallas, lo que limita la autonomía operativa y genera retrasos en la atención de incidencias.
Otro de los puntos señalados es la ausencia de documentación completa sobre planes operativos y contratos de mantenimiento, lo que dificulta la trazabilidad de decisiones y complica los procesos de auditoría.
También se identificó que el soporte técnico no estaba disponible de forma continua, pese a que el sistema debe operar las 24 horas del día.
En el ámbito administrativo, el informe menciona intentos de la gestión saliente por crear más de 1,500 plazas permanentes antes del cambio de gobierno, con un impacto económico significativo, solicitud que fue rechazada por la Secretaría de Finanzas por falta de respaldo presupuestario.
Asimismo, se evidenció un crecimiento acelerado de la planilla en los últimos años, sin que las verificaciones en campo correspondieran con la cantidad de personal registrado oficialmente, lo que abre interrogantes sobre la estructura real de operación del sistema.
En conjunto, los hallazgos plantean preocupaciones sobre la seguridad de la información manejada por el 911 y abren interrogantes sobre el resguardo de datos sensibles de la ciudadanía, en un sistema clave para la atención de emergencias y la seguridad nacional.
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