Redacción. Una inmigrante hondureña que ha vivido en Estados Unidos durante tres décadas enfrenta una multa de más de 1,8 millones de dólares por no acatar una orden de deportación emitida hace 20 años.
El caso ha reavivado el debate sobre las severas sanciones migratorias aplicadas durante la administración de Donald Trump.
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, recibió el pasado 9 de mayo una notificación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), exigiendo el pago de 1,821,350 dólares.
La multa fue impuesta por el Departamento de Multas Civiles de ICE debido al incumplimiento de una orden de deportación en ausencia emitida en abril de 2005.
Estrategia para presionar la “autodeportación”
Según reportó el canal CBS News, esta sanción forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno de Trump que buscaba disuadir a los inmigrantes indocumentados mediante presiones económicas para que abandonaran el país voluntariamente, lo que algunos funcionarios llamaron «autodeportación».
Aunque este tipo de sanciones no son nuevas, su uso fue intensificado durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
En ese periodo, ICE envió notificaciones por cientos de miles de dólares a personas que se negaron a salir del país tras recibir órdenes de deportación, incluyendo casos de inmigrantes refugiados en iglesias santuario.
En busca de alivio migratorio
La hondureña sancionada volvió a ser objeto de atención de las autoridades migratorias tras presentar el año pasado una moción de reapertura de su caso, apelando a la Ley de los 10 Años, también conocida como Cancelación de Deportación.
Esta disposición permite a ciertos inmigrantes evitar la deportación si cumplen requisitos como haber vivido al menos una década en el país, mantener buen carácter moral y demostrar que su salida causaría “dificultades excepcionales” a un familiar ciudadano estadounidense.
Michelle Sánchez, abogada de inmigración que representa a la mujer, aseguró que su clienta reúne todos los criterios exigidos por la ley.
“Ha vivido más de 10 años en Estados Unidos, tiene un historial intachable y su deportación afectaría gravemente a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses”, declaró Sánchez a CBS.