El Gobierno de Honduras inició gestiones diplomáticas ante las autoridades de Estados Unidos para solicitar un período de gracia que permita a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) regularizar su situación migratoria en caso de que el programa sea cancelado.
Así lo informó el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quien explicó que la petición fue presentada tras la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense, un fallo que fortalece las facultades del Gobierno de ese país para poner fin al beneficio migratorio otorgado a determinados grupos de extranjeros.
El diplomático indicó que la solicitud responde principalmente a razones humanitarias, ya que miles de familias hondureñas podrían verse afectadas si el TPS deja de estar vigente.
Según explicó, el objetivo es que los connacionales dispongan de un plazo adicional para resolver asuntos relacionados con sus viviendas, obligaciones financieras, la educación de sus hijos y tratamientos médicos.
«Se trata de un aspecto humanitario; estamos hablando de familias y de niños», manifestó Flores Bermúdez al referirse a la importancia de conceder un tiempo de transición antes de cualquier decisión definitiva.
El embajador detalló que, una vez conocido el fallo judicial, sostuvo conversaciones con el presidente Nasry Asfura, la canciller Mireya Agüero y otras autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir una estrategia orientada a respaldar a los hondureños amparados por el TPS.
Como parte de esas acciones, Honduras ya solicitó una reunión con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos para exponer la petición y conocer el panorama del programa. No obstante, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han emitido una respuesta oficial.
La preocupación del Gobierno hondureño surge debido a que la reciente resolución judicial relacionada con beneficiarios haitianos y sirios podría sentar un precedente para la cancelación del TPS de más de 50 mil hondureños que actualmente residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense bajo esa protección.
Flores Bermúdez aseguró que la representación diplomática continuará impulsando gestiones para defender los derechos e intereses de los connacionales, al tiempo que buscará alternativas que reduzcan el impacto de una eventual terminación del programa migratorio.
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