La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre un incremento en los casos de autosecuestros registrados en Honduras durante 2026, una práctica en la que personas fingen estar privadas de libertad para obtener dinero.
Según los datos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), en lo que va del año se han atendido cerca de doce denuncias relacionadas con esta modalidad, que genera preocupación entre las autoridades.
Las investigaciones desarrolladas por los equipos especializados establecen que la mayoría de estos hechos fueron planeados por los propios involucrados con el propósito de conseguir recursos económicos para pagar deudas.
La portavoz de la DPI, Yoselin Mairena, explicó que los supuestos secuestros provocan temor y desesperación en los familiares de las personas involucradas, además de activar operativos policiales innecesarios.
Mairena señaló que los equipos de la UNAS deben desplegar personal, vehículos y recursos para verificar cada denuncia, acciones que pueden restar capacidad de respuesta ante secuestros verdaderos.
De acuerdo con la institución policial, la mayoría de los involucrados en estos casos tienen entre 20 y 40 años de edad, aunque también se registraron situaciones donde participaron menores.
Asimismo, las autoridades reportaron la participación de dos mujeres que fingieron haber sido víctimas de secuestro, como parte de planes orientados a solicitar dinero a sus allegados.
Entre los casos investigados destaca el de un ingeniero que simuló estar secuestrado y exigió a su esposa el pago de 40 mil lempiras, alegando que correspondían a un rescate.
Tras las investigaciones, las autoridades determinaron que el supuesto plagio había sido organizado por el propio hombre, quien ahora enfrenta las consecuencias legales por activar un operativo policial.
La DPI recordó que fingir un secuestro constituye un delito y que las personas involucradas pueden enfrentar sanciones conforme a la legislación hondureña, además de otras responsabilidades derivadas.
Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para evitar este tipo de acciones y colaborar con las autoridades, ya que generan alarma social y afectan recursos destinados.
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