Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) registró entre 2019 y 2022 un total de 1.339 quejas que revelan la “crítica situación” y las “múltiples” violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país.
Según la Unidad de Estadísticas del Conadeh, las denuncias están relacionadas con la falta de atención de salud y abuso de autoridad.
Asimismo, por hostigamiento, torturas, malos tratos a los familiares de los presos, retraso en la aplicación de justicia, hacinamiento y violencia, entre otras.
Además, agregó que la violencia en el interior de los centros penales de Honduras ha causado al menos 70 muertos en el período de análisis.
La titular del organismo de derechos humanos, Blanca Izaguirre, dijo que el ente estatal realiza visitas periódicas a las 26 cárceles del país.
Con el objetivo de “constatar cualquier vulneración a derechos humanos, incluidos actos de tortura y levantar quejas.
Igualmente, dirigir la información a las autoridades pertinentes para que inicien las diligencias investigativas.
Condiciones deplorables
El Conadeh lamentó que los presos sean sometidos a “condiciones deplorables” al ser colocados en celdas de castigo por un largo período de tiempo.
El abuso de autoridad es la principal vulneración que sufren las personas privadas de libertad.
Según el Conadeh, el 31 % de las quejas están relacionadas con “el trato no adecuado” que dan las autoridades a los presos.
Alrededor del 14 % de las quejas señalan que “de manera injusta” los presos permanecen encerrados por largos períodos “sin las condiciones necesarias”.
“Los actos de tortura atentan directamente contra la vida, salud e integridad física o mental de sus víctimas, por lo tanto, existe un consenso internacional en cuanto a la estricta prohibición de todo acto que inflija cualquier tipología de tortura, trato cruel, inhumano o degradante”, subrayó.
Dignidad de los presos
De acuerdo a los Principios de París, precisó Izaguirre, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son la “piedra angular” de los sistemas de protección nacional de los derechos humanos, y contribuyen a la adopción de medidas idóneas para la prevención de actos de tortura.
Hasta ahora, según el Conadeh, ha sido evidente “el incumplimiento por parte del Estado de Honduras de asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente a las personas privadas de libertad en el país”.
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Al menos 1.900 inspecciones en centros penitenciarios y pedagógicas, así como postas policiales realizó el organismo hondureño entre 2019 y 2022.
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En 2022, el organismo hondureño creó la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y velar por los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentra en mayor riesgo de sufrir actos de tortura. EFE