Tegucigalpa. El Estado de Honduras reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala Constitucional en el 2012.
La secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo que la Presidenta Xiomara Castro, reconoció que “a lo largo de los años Honduras ha sido un Estado opresor y violador de los derechos humanos y que destituyó abruptamente a cuatro magistrados”.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruiz Gaekel.
Asimismo, de Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Flores expresó que el Estado reconoce que los magistrados fueron “removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo”.
Además, se comprometió para reparar a las víctimas y a que hechos similares no se repitan.
Lea también: Cardenal Rodríguez espera que la nueva CSJ no sea la misma del pasado
Flores detalló que el Estado reconoce que los magistrados no tuvieron acceso a un recurso efectivo para apelar su destitución.
De la misma manera, declaró que fueron destituidos de sus cargos mediante un procedimiento “no previsto” en el ordenamiento jurídico.
La representante negó que el Estado sea responsable por violaciones a la integridad física de las víctimas, pues no recibió ninguna denuncia sobre agresiones, atentados o persecución.
Igualmente, expuso a la CorteIDH que una eventual orden de reincorporación de las víctimas a sus cargos generaría “inseguridad jurídica”.
Condena para el Estado
Por su parte, los representantes de las víctimas y la CIDH pidieron a la CorteIDH que condene al Estado por diversas violaciones.
El representante Ignacio Boulin explicó que el 12 de diciembre de 2012 el Poder Legislativo, con su edificio rodeado por las Fuerzas Armadas, destituyó a los magistrados.
Esto significó “una violación a los derechos de las víctimas” y un “verdadero atentado contra la independencia judicial y el orden democrático”.
Boulin recordó que los magistrados “emitieron fallos considerados contrarios al Gobierno de turno”.
Los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las “ciudades modelo” y la “Ley de depuración policial”.
De la misma manera, relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados en su contra y sus familias.