La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un paquete fiscal que contempla un impuesto del 3.5 % al 5 % sobre las remesas enviadas al extranjero ha encendido las alarmas en Honduras.
El proyecto, que ahora será evaluado por el Senado, podría afectar de forma directa la economía del país centroamericano, altamente dependiente de estos envíos.
El vicecanciller de Asuntos Migratorios, Antonio García, expresó la preocupación del gobierno hondureño al respecto y calificó el gravamen como “un impuesto al sudor de los migrantes”.
“Recibimos esta aprobación con bastante tristeza porque es un golpe a nuestros migrantes. Le están poniendo un impuesto al sudor del trabajo de nuestros compatriotas”, declaró el funcionario a medios nacionales.
García subrayó que Honduras no tiene injerencia en las decisiones internas del Congreso estadounidense, pero lamentó el impacto que esta medida podría tener sobre miles de familias que dependen de las remesas para sobrevivir. “Tendremos que absorber ese golpe a nuestra economía”, añadió.
Según estimaciones preliminares, Honduras podría dejar de percibir entre 350 y 500 millones de dólares anuales si el Senado confirma la medida.
Esta pérdida representaría un duro revés para un país donde las remesas constituyen uno de los principales pilares económicos y sociales.
El Banco Central de Honduras (BCH) había proyectado ingresos por remesas de hasta 10 mil millones de dólares para el año 2025, lo que supondría un aumento de 300 millones respecto a los 9,700 millones registrados en 2024.
Sin embargo, esta proyección podría verse gravemente afectada de concretarse el nuevo impuesto.
Diversos sectores sociales y económicos han comenzado a pronunciarse, pidiendo al gobierno hondureño acciones diplomáticas para defender los intereses de la diáspora.
Analistas opinan
Analistas señalan que el impuesto no solo golpeará el bolsillo de los migrantes, sino que también repercutirá en el consumo interno y el desarrollo de comunidades enteras que dependen de estos ingresos.
Ahora todas las miradas están puestas en el Senado de EE. UU., de mayoría republicana, donde se espera que la propuesta sea debatida en las próximas semanas.
Mientras tanto, Honduras se mantiene expectante ante una medida que podría trastocar seriamente su frágil estabilidad económica.