El extitular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), José Antonio Galdames, fue capturado ayer domingo por el presunto delito de explotación ilegal de recursos naturales.
La noticia la confirmó el portavoz de la Policía nacional, Edgardo Barahona, aclarando que la captura tuvo lugar en La Ceiba, Atlántida.
De acuerdo a Barahona, Galdames se trasladaba en un camión con al menos 60 sacos conteniendo carbón. Aparentemente sin el permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Galdames, permanece detenido en un puesto policial a la espera de su proceso judicial, señaló el portavoz de la Policía.
Facturas presentadas
La familia de Galdames indicó en un pronunciamiento que el exministro presentó al momento de la detención las facturas emitidas y autorizadas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a la Cooperativa Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada (COACAAL), a la que él compró el carbón.
En la requisa las autoridades policiales identificaron «alguna inconsistencia en la guía de remisión». Misma, que está emitida por la Cooperación Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada, por lo que detuvieron y trasladaron a Galdames a la Dirección Policial de Investigación (DPI), añadió.
Directivos de la cooperativa se personaron a la DPI para confirmar ser responsables de la venta de carbón y emisión de los documentos fiscales, señaló la familia del exministro.
Sin embargo, considera que el Ministerio Público (Fiscalía) «no actuó de oficio» contra la cooperativa, sino contra José Galdames quien es solo un comprador.
La familia pide salvaguardar la integridad
La familia de Galdames pidió a las autoridades hondureñas y al Ministerio Público «salvaguardar la integridad» del exministro de MiAmbiente durante su detención.
Además, exigen la “inmediata liberación” de Galdames.
Aseguran que posee todos los documentos que respaldan la compra de carbón a la entidad autorizada por el Estado de Honduras.
«Ningún comprador tiene la capacidad de saber si un vendedor tiene o no tiene sus documentos en orden y los permisos respectivos. Por lo que la investigación debe dirigirse a la cooperativa y no a sus clientes», señala el pronunciamiento de la familia del ex ministro hondureño.
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