Honduras enfrenta un reto crítico tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, que beneficiaba a cerca de 60.000 hondureños.
Según la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, el país carece de logística, presupuesto e institucionalidad para recibir a estos migrantes de manera adecuada.
Izaguirre advirtió que la situación se complica aún más con los migrantes que transitan por Honduras en su ruta hacia otros países.
“Hay ausencia de institucionalidad para atenderlos con un trato de calidad y calidez”, señaló, y agregó que la institución hará recomendaciones para garantizar un enfoque de derechos humanos en caso de deportaciones masivas.
Los beneficiarios del TPS llegaron a Estados Unidos tras el huracán Mitch, a finales de 1998, y muchos adultos mayores temen que su regreso a Honduras ponga en riesgo su vida debido a la falta de servicios de salud adecuados para enfermedades graves como el cáncer.
Los tratamientos que reciben en EE. UU. son costosos y difíciles de replicar en su país de origen.
El canciller hondureño, Javier Bu, destacó que el Gobierno mantiene contacto y apoyo con la comunidad TPS a través de sus consulados en Estados Unidos.
Sin embargo, algunos migrantes critican la gestión del Ejecutivo, señalando decisiones diplomáticas que consideran perjudiciales para sus derechos, como la revisión de acuerdos de extradición y la presencia militar estadounidense en Palmerola.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. argumenta que Honduras ha mejorado lo suficiente como para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos, mientras que los migrantes aseguran que la situación empeoró.
En paralelo, las remesas enviadas por más de 1,5 millones de hondureños en EE. UU. alcanzaron unos 10.000 millones de dólares solo en 2024, equivalentes al 25 % del PIB del país.
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