Estados Unidos ha desarrollado una estrategia de externalización migratoria mediante acuerdos con otros países para recibir a personas expulsadas que no son nacionales de esas naciones.
Según información publicada recientemente por el Migration Policy Institute, para julio de 2026 Estados Unidos había alcanzado al menos 35 acuerdos con países socios para aceptar a ciudadanos de terceros países.
La organización identifica distintos tipos de acuerdos, incluidos mecanismos para solicitantes de asilo y convenios que permiten trasladar o mantener detenidas a personas mientras se gestiona su retorno.
Una investigación difundida en septiembre señala que más de 25,000 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo han sido enviados desde Estados Unidos a países distintos a los de su nacionalidad desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La cifra supera los aproximadamente 23,000 casos reportados inicialmente por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que cuestiona las condiciones y la falta de transparencia de algunos de estos acuerdos.
Entre los países que han recibido personas bajo estos mecanismos se encuentra Honduras. Un seguimiento especializado reportó que, hasta comienzos de septiembre de 2026, al menos 568 ciudadanos de terceros países habían sido trasladados a territorio hondureño, además de otros grupos enviados bajo acuerdos de cooperación en materia de asilo.
La política también enfrenta cuestionamientos y disputas judiciales en Estados Unidos. En septiembre, un tribunal de apelaciones ordenó frenar determinadas expulsiones cuando los migrantes no hubieran tenido una oportunidad real para impugnar su traslado, mientras el Gobierno estadounidense solicitó al Tribunal Supremo autorización para continuar con estas deportaciones.
El debate gira en torno al alcance de los acuerdos, las garantías de debido proceso y las condiciones que enfrentan las personas trasladadas a países con los que no mantienen vínculos. Las autoridades estadounidenses defienden la estrategia como parte de su política migratoria, mientras organizaciones de derechos humanos y especialistas han expresado preocupación por algunos de sus procedimientos y por la transparencia de los convenios.