La República de Honduras obtuvo un resultado favorable en una disputa internacional de inversiones, luego de que un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinara que no tenía competencia para conocer la demanda presentada por la empresa mexicana JLL Capital, que reclamaba una indemnización de 460 millones de dólares.
La información fue comunicada este lunes por la Procuraduría General de la República (PGR), que detalló que el laudo fue emitido el pasado 30 de septiembre, en el marco del arbitraje identificado con el número ARB/23/3.
De acuerdo con la institución, la decisión representa un resultado favorable para el Estado hondureño, que se opuso a la jurisdicción del tribunal al considerar que la controversia estaba relacionada con medidas excluidas de la protección de inversiones contemplada en el tratado comercial invocado por la demandante.
En consecuencia, Honduras no tendrá que pagar los US$460 millones reclamados en este arbitraje, según el comunicado oficial de la PGR.
¿Por qué JLL Capital demandó a Honduras?
La empresa mexicana JLL Capital alegaba que el Estado hondureño había expropiado su inversión y denegado justicia a raíz de un proceso judicial desarrollado en el país y relacionado con su subsidiaria CA Capital.
La compañía sustentó sus reclamaciones en supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica, mediante el cual buscaba obtener una compensación económica por los daños que afirmaba haber sufrido.
Sin embargo, al analizar las objeciones presentadas por la Procuraduría en representación de Honduras, el tribunal arbitral concluyó, por mayoría, que carecía de competencia para resolver la controversia.
Tribunal descarta competencia para resolver el caso
Según explicó la PGR, el tribunal consideró que la disputa estaba relacionada con medidas en materia de servicios financieros, una categoría excluida del capítulo de protección de inversiones del tratado invocado.
Además, los árbitros rechazaron la petición subsidiaria de JLL Capital, que solicitaba reconocer la competencia del tribunal con base en el Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte.
Con esta resolución, el tribunal no entró a determinar si las acusaciones de expropiación y denegación de justicia eran fundadas; su decisión se centró en la falta de jurisdicción para conocer el reclamo.
La Procuraduría General de la República destacó el resultado como parte de sus esfuerzos para defender los intereses económicos del país y proteger los recursos del Estado frente a controversias internacionales.
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de la representación jurídica de Honduras en arbitrajes internacionales, especialmente cuando están en juego reclamaciones que pueden comprometer importantes recursos públicos.