Tegucigalpa. Al menos cuatro defensores del ambiente de los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Lempira, denunciaron este martes que son víctimas de agresiones y amenazas de muerte por parte de estructuras criminales asociadas al Partido Nacional.
El comunicador social de la Radio Comunitaria El Taragual, Bernardino Pérez, relató: “Estamos denunciando la represión que estamos viviendo en el municipio de La Iguala, Lempira”, dijo.
Asimismo, Pérez detalló que recibieron agresiones físicas al ingresar a una casa comunal donde iban a realizar una asamblea del Consejo Indígena Lenca Municipal.
Además, agregó que en la comunidad de Olominas, seguidores del alcalde, Francis Adalid Paz, les impidieron el paso cuando se disponían a ingresar a la casa comunal.
Activistas atentaron contra los defensores
Según su relato, pudo ingresar a la casa comunal, sin embargo, activistas del comité anterior, intentaron sacarlos violentamente.
Los defensores del ambiente Pedro Pinto y Ángel Yobany Mejía denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte y agresiones ante el Cofadeh.
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Igualmente, Néstor Zelaya, de Ocotepeque, quien pidió a la Secretaría de Seguridad que pare la persecución contra los defensores del ambiente.
Ángel Yobany Mejía afirmó que desde hace más un año está recibiendo amenazas de muerte.
También que en 2021 sobrevivió a un ataque criminal que le dejó graves secuelas.
Este año, junto a otros ambientalistas y autoridades municipales, fueron víctimas de un ataque con armas de fuego a manos de desconocidos, mientras evaluaban un posible daño ambiental en la región, agregó.
Mejía también denunció que en abril de este año un primo suyo fue asesinado.
Una situación preocupante
La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, indicó que la situación es “preocupante” porque se está amenazando a defensores del medio ambiente.
De la misma manera, que en esas acciones están implicadas estructuras criminales que operaban durante “la dictadura de doce años” del Partido Nacional.
Agregó que las agresiones tienen un efecto cascada sobre las familias y las comunidades de las víctimas, porque causan temor en ellas y pueden, en ocasiones, ser un desincentivo para continuar con su ejercicio de defensoría. EFE