Tegucigalpa. Honduras debe trabajar en la prevención del desplazamiento interno forzado por la violencia, señaló la Pastoral de Movilidad Humana.
Asimismo, aseguraron que esto obligó a 631 personas a huir de sus hogares entre 2021 y 2022y por eso el Gobierno debe ofrecer “soluciones duraderas”.
“Es muy necesario tener un tema de prevención, atención y de protección” de las personas desplazadas, dijo la coordinadora de la Unidad de Desplazamiento Forzado por la Violencia de la Pastoral de Movilidad Humana, Fany Martínez.
El Congreso Nacional aprobó en diciembre pasado la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.
Honduras requiere “un sistema completo donde el Estado sea garante de los derechos de las personas desplazadas” con un enfoque en la prevención.
Según el último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar de residencia y buscar protección en otra parte del país.
Martínez lamentó que Honduras no cuente con cifras nacionales actuales que permita visibilizar más el desplazamiento interno en el país.
Considera que la falta de datos actuales “no nos deja tener un panorama completo” del desplazamiento forzado interno.
Causas multifactoriales
Martínez destacó que uno de los hallazgos de la Pastoral de Movilidad Humana fue que las causas del desplazamiento interno forzado en Honduras “son multifactoriales”.
Además, señaló que las personas desplazadas son víctimas de amenazas, intimidación, extorsión, violencia y reclutamiento forzado.
“Hemos visto que las amenazas son la mayor causa, lo que está interconectado con las otras causas, es decir, el hecho de que un familiar muere o es asesinado también tiene como consecuencia una amenaza a las personas”, explicó.
Según un estudio de la Pastoral de Movilidad Humana, el 57,1 % de las personas se desplazó de manera forzada por amenazas.
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También, un 10,38 % por asesinatos de familiares; 8,44 % por reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado.
5,84 % por intento de homicidio; 4,54 % por extorsión; 3,24 % por persecución de instituciones del Estado y 2,59 % por violencia sexual.
El 35,97 % de los desplazados en Honduras son menores de 18 años, lo que demuestra que los niños son “víctimas directas” de este fenómeno, y el 64,02 % son mayores de 18 años, detalla el informe de la organización de la Iglesia católica. EFE