La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, advirtió que Honduras cerrará el año 2025 con una deuda pública superior a los 18 mil millones de dólares, escenario que, según señaló, ejercerá una fuerte presión sobre las finanzas del Estado y limitará la asignación de recursos a sectores prioritarios como salud y educación.
“Se puede cerrar este año con una deuda de un poco más de 18 mil millones de dólares y esto ejerce una presión fiscal fuerte, con recursos que perfectamente podrían asignarse a salud o educación”, manifestó Canales.
La economista señaló que el Presupuesto General de la República para 2026 contempla cerca de 72 mil millones de lempiras destinados al pago del servicio de la deuda, situación que, a su juicio, va en detrimento de la asignación de recursos para programas sociales, inversión pública y otras áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Canales explicó que el financiamiento externo debería orientarse a actividades que impulsen el crecimiento económico, como proyectos de inversión pública productiva.
No obstante, cuestionó que una parte del endeudamiento esté siendo utilizada para cubrir gastos corrientes, lo que calificó como una práctica insostenible.
“Si nos estamos endeudando para cubrir gastos corrientes, es una deuda demasiado generosa”, apuntó.
Asimismo, consideró que el incremento de la deuda pública representa un desafío que deberá enfrentar el próximo gobierno, particularmente en materia de recaudación tributaria y ampliación del espacio fiscal, con el objetivo de generar mayores ingresos y reducir la dependencia del endeudamiento.
La expresidenta del CHE también se refirió a la colocación de bonos al cierre de la administración de la presidenta Xiomara Castro, señalando que parte de la carga financiera actual responde al vencimiento de los pagos de los bonos emitidos en 2017, los cuales continúan impactando el servicio de la deuda.
Ante este panorama, Canales insistió en la necesidad de una gestión más responsable del endeudamiento público y de una estrategia fiscal que priorice ingresos sostenibles y productivos.
Advirtió que, de no corregirse las distorsiones fiscales y de no orientarse los recursos hacia actividades generadoras de crecimiento, Honduras seguirá destinando enormes sumas al pago de obligaciones financieras, en detrimento de áreas clave como la salud, la educación y la inversión pública.