Tuvieron que pasar 4 mil 808 días para que se aplicara el juicio político luego de que el 22 de enero del 2013 se aprobara por el Congreso Nacional esta herramienta constitucional.
Esta vez le ha correspondido al Fiscal General, Johel Zelaya, que ha sido señalado por graves violaciones a la Constitución.
Honduras aplica un juicio político 4 mil 808 días después de haber sido aprobado
En aquel momento, se aprobó la figura del juicio político “una acusación constitucional o un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, entre otros”.
Se enfatizó que la condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos.
En cualquier caso, la sanción o sus efectos dependen de la Constitución de la República.
El juicio político consta de dos etapas, la investigativa que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y la de discusión y votación, que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.
Se dejó establecido que para destituir al presidente de la República se necesita una mayoría especial, es decir, las tres cuartas partes de la Cámara (96 votos); mientras para los demás casos podrá ser con las dos terceras partes (86 votos).
ASJ solicita responsabilidad y prudencia
El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández celebró la aprobación de juicio político para el fiscal general, Johel Zelaya, iniciado por el Congreso Nacional.
Pero ha pedido responsabilidad durante el proceso para determinar precedentes tras lo ocurrido que puso en la mina la democracia en Honduras.
“Es positivo lo que pasa, todos los funcionarios tienen que ser objeto de análisis y evaluación. Que en el país no se ha haya hecho, pues esa es la realidad, pero el juicio político existe justamente para eso, para probar el cumplimiento de sus deberes y en esta ocasión hay una denuncia que establece que este no cumplió los deberes que tenía en un en un momento histórico del país”, enfatizó.
Determinar precedentes
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos ha señalado que el respeto al derecho de defensa y al principio de contradicción no es opcional.
La opinión de la directora se manifiesta después de que el Congreso Nacional aprobara un juicio político en contra del suspendido fiscal general de la República, Johel Zelaya.
No obstante, señaló que es fundamental depurar las actuaciones de los altos funcionarios cuando han convertido la justicia en un instrumento ajeno a su finalidad constitucional.
Lo que convierte ineludible determinar precedentes para someter el poder al imperio de la legalidad y la verdad jurídica.