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miércoles, junio 3, 2026

Hombre acusado de engañar a compradores con anuncios falsos de propiedades en Facebook

El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles una acusación formal contra Ángel Marín Guerrero, un hondureño de 44 años originario de Esquías, Comayagua, por presuntamente liderar una red de estafa digital a través de la supuesta venta de bienes raíces en Tegucigalpa.

Según la investigación, Guerrero utilizaba Facebook y otras redes sociales para publicar anuncios engañosos, ofreciendo casas y terrenos en residenciales reconocidas de la capital, así como servicios de construcción de viviendas.

Cómo operaba la estafa

Tras ganarse la confianza de las víctimas, el imputado solicitaba transferencias bancarias con la promesa de formalizar contratos.

Una vez recibía el dinero, desaparecía o dejaba de responder. Entre 2024 y 2025, al menos cuatro personas fueron estafadas, transfiriéndole más de dos millones de lempiras.

Guerrero se desempeñaba como gerente general de la empresa “Credicasas”, donde publicaba anuncios de proyectos habitacionales y viviendas terminadas que resultaron ser falsos.

Luego de recibir los pagos iniciales o totales de las víctimas, bloqueaba toda comunicación o justificaba retrasos inexistentes.

El MP informó que Guerrero enfrenta tres procesos adicionales por presunta apropiación de más de tres millones de lempiras bajo el mismo esquema de engaño.

Acusación formal y medidas cautelares

La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor imputó a Guerrero por el delito de estafa agravada continuada y solicitó medidas cautelares como congelamiento de cuentas e inmovilización de bienes mientras avanza el proceso judicial.

El delito, tipificado en el Código Penal (Decreto 130-2017), contempla sanciones que se incrementan cuando se cumplen circunstancias agravantes, como:

  • Monto defraudado elevado (más de 500,000 lempiras).

  • Cometer el delito con abuso de confianza o aprovechando relaciones comerciales.

  • Afectar a varias víctimas o causar un perjuicio social relevante.

En estos casos, la pena puede ser de 6 a 9 años de prisión, además de multa de hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

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