El expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Se trata de un fallo sin precedentes, al ser la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.
La Fiscalía General de la Nación solicitó una pena de nueve años de prisión domiciliaria, acompañada de una multa que asciende a 1.625 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a más de 2.300 millones de pesos colombianos. Además, pidió una inhabilitación por igual periodo para ejercer cargos públicos.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, argumentó que la condena propuesta —108 meses— responde a los parámetros legales establecidos y a las circunstancias agravantes del caso.
También invocó el artículo 31 del Código Penal para sustentar un aumento de la pena por la concurrencia de varios delitos.
El origen del proceso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados ilegales en Antioquia durante la década de los noventa.
En 2017, la Corte Suprema abrió una investigación formal que derivó en la imputación de los actuales cargos.
El juicio se centró en la presunta manipulación de testigos y el uso de recursos para incidir en procesos judiciales. La decisión de culpabilidad marca el cierre de una etapa de más de una década de litigio.
“Esta sentencia representa la culminación de un largo proceso judicial y una reivindicación de las víctimas y de la democracia”, expresó Iván Cepeda tras la lectura del fallo condenatorio.
Cepeda sostuvo que el juicio expuso “un aparato de falsos testigos dirigido por Uribe Vélez” que intentó engañar al sistema de justicia.
La audiencia de lectura de sentencia está programada para este viernes a las 2:00 p. m. en Bogotá.
La jueza Heredia pidió mantener la reserva del documento hasta su presentación oficial. Mientras tanto, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, ya anticipó que apelará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión de segunda instancia deberá conocerse antes del 16 de octubre de 2025, fecha en que prescriben los delitos.
La condena ha provocado diversas reacciones. En ciudades como Cali se organizaron manifestaciones de respaldo a Uribe, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes que celebran el avance del proceso judicial.
El presidente Gustavo Petro rechazó los comentarios del senador estadounidense Marco Rubio, quien criticó la sentencia, calificándolos como una “intromisión en la soberanía nacional”.
La jueza Heredia podría ver reforzada su seguridad personal ante el alcance del fallo, según informó la Unidad Nacional de Protección.
Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, enfrentó este proceso como figura central del espectro político nacional.
La sentencia en su contra no solo constituye un evento judicial sin precedentes, sino que se erige como símbolo de que el poder en Colombia también puede rendir cuentas ante la ley.
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