Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público (MP) presentó el caso «Helios», un nuevo escándalo de corrupción que involucra el desvío de más de 143 millones de lempiras (L143,638,214.48) entre 2016 y 2017, durante la administración de Juan Orlando Hernández.
El MP ha señalado a 15 personas, entre ellas el exfuncionario de Casa Presidencial y actual diputado del Parlamento Centroamericano, José Octavio Godoy Urbina.
Además de Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, respectivamente capturados.
Entre las acusaciones incluyen delitos como fraude y lavado de activos.
Según las investigaciones, Godoy Urbina utilizó su posición e influencia en Casa Presidencial para coordinar un esquema de corrupción que involucró a personal del Instituto de la Propiedad (IP) y a particulares.
El plan consistió en crear empresas de maletín relacionadas con publicidad y comunicaciones.
Las cuales recibieron fondos públicos mediante la emisión de 144 cheques provenientes de Casa Presidencial.
Operaciones ilícitas
Los cheques emitidos a favor de estas empresas fueron depositados en cuentas bancarias asociadas a las mismas y posteriormente retirados en efectivo.
Parte de los fondos se utilizó para beneficios económicos personales.
Mientras que otra fracción se fragmentó en depósitos a cuentas de personas naturales y jurídicas, sin justificación alguna.
Este esquema contó con la colaboración de la exministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Rosario Hernández Alvarado, quien proporcionó listados para las transferencias.
Bienes asegurados
El MP logró que se aseguraran nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y las cuentas bancarias de 12 personas naturales y tres jurídicas vinculadas al caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desempeñó un papel crucial en la recolección y análisis de información que permitió documentar las operaciones ilícitas y estructurar el caso.
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Implicaciones
Este nuevo caso de corrupción revela una vez más las profundas irregularidades que marcaron la administración de Juan Orlando Hernández, y pone en evidencia los complejos esquemas utilizados para saquear fondos públicos.
El MP continúa las investigaciones y persigue justicia para recuperar el dinero desviado y sancionar a los responsables