El caso del denominado “Checazo” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) suma un nuevo capítulo.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinó que existen indicios de responsabilidad penal tras una auditoría social que incluyó inspecciones de campo, testimonios y revisión de documentos.
Según explicó Rodolfo Isaula, director de comunicaciones del TSC, las pesquisas señalan la posible comisión de uno o varios delitos.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de analizar el contenido del informe y definir las responsabilidades individuales contra los implicados.
El documento, que ya está en manos de la Fiscalía, se convierte en una pieza clave dentro de la investigación que involucra a funcionarios como Isis Cuellar y José Carlos Cardona, destituido de su cargo tras el escándalo.
El TSC anunció que en los próximos días publicará los detalles completos en su sitio web.
Sin embargo, sectores políticos y ciudadanos expresan dudas sobre la rapidez con la que actuará el fiscal general Johel Zelaya, recordando la lentitud en casos similares de corrupción.
Incluso, voces como la del presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, advierten que el proceso podría estancarse hasta después de las elecciones.
A pesar de la presión social, el fiscal Zelaya aseguró que ya instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción a integrar de inmediato el informe del TSC en las investigaciones en curso, las cuales —según afirma— ya presentan avances importantes.
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