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sábado, julio 18, 2026

¿Habrá cárcel por difundir contenido íntimo sin consentimiento en Honduras?

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Linda Donaire, presentó un proyecto de ley que busca sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento en Honduras, incorporando este delito al Código Penal.

La iniciativa propone adicionar los artículos 272-A al 272-G del decreto 130-2017, con el objetivo de tipificar la violencia digital, un área que actualmente carece de regulación específica.

Según el proyecto, será considerado delito la publicación, venta, distribución o transmisión de fotografías, videos, audios u otros materiales íntimos sin la autorización expresa de la persona afectada.

Además, quienes compartan este contenido con conocimiento de su origen ilícito también serían responsables penalmente.

Penas y agravantes

El texto legislativo establece sanciones de tres a siete años de prisión y multas de 20 a 50 salarios mínimos para el delito base. En situaciones agravadas —como venganza, chantaje, intimidación, o cuando la víctima sea menor de edad o pertenezca a un grupo vulnerable—, la pena podría ascender a cinco a diez años de cárcel y multas de hasta 100 salarios mínimos.

Otras medidas incluyen la inhabilitación de cinco a diez años para ejercer actividades relacionadas con tecnología, la eliminación inmediata del contenido de plataformas digitales y la posibilidad de que la víctima reciba compensación económica.

Impacto en mujeres y jóvenes

Donaire destacó que la difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres, jóvenes y niñas, con efectos negativos en su salud mental, reputación y seguridad personal.

La propuesta ha recibido respaldo de defensoras de derechos de las mujeres, como Honorina Rodríguez, quien subrayó la importancia de aprobar reformas que protejan frente a nuevas modalidades de violencia digital.

El proyecto guarda similitudes con la “Ley Olimpia” en México, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, estableciendo penas de cárcel y multas económicas para los responsables.

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