La Secretaría de Seguridad anunció la disolución definitiva de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras una intervención que reveló una serie de presuntas irregularidades administrativas, operativas y disciplinarias dentro de la institución.
La decisión fue adoptada luego de que una Comisión Interventora realizara una evaluación integral de la unidad especializada, encontrando indicios de incumplimientos en procedimientos internos y posibles responsabilidades administrativas y penales atribuidas a miembros de su estructura de mando.
De acuerdo con el informe oficial, entre los hallazgos destacan deficiencias en el cumplimiento de protocolos relacionados con el registro, supervisión y control de operaciones policiales.
Asimismo, se señala una presunta falta de diligencia por parte de directivos en torno a una misión policial en la que perdieron la vida cinco agentes, además de fallas en la evaluación de riesgos y en la planificación previa del operativo.
Las investigaciones también establecen que el equipo involucrado en dicha operación no contaba con la documentación legal requerida para ejecutar allanamientos y que no se completaron los procedimientos administrativos exigidos para este tipo de acciones.
Otro de los señalamientos apunta a la falta de coordinación con autoridades policiales destacadas en la zona donde se desarrolló la misión.
Según los reportes analizados, el operativo habría tenido como destino inicial el municipio de Corinto, en Omoa, Cortés, pese a que la planificación oficial contemplaba otra ubicación.
El informe además identifica presuntas prácticas inadecuadas en el manejo de informantes, administración de información confidencial y conducción de operaciones policiales, aspectos considerados fundamentales para el combate al crimen organizado.
La Secretaría de Seguridad también confirmó que organismos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) habían recibido denuncias sobre actuaciones irregulares de miembros de la Dipampco durante la vigencia del estado de excepción.
Ante este panorama, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad determinó cerrar de manera permanente la institución y transferir sus competencias, recursos y personal a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el propósito de mantener las acciones contra estructuras criminales, maras y pandillas.
Las autoridades informaron además que el informe será remitido al Ministerio Público y a la Didapol para que continúen las investigaciones correspondientes y determinen posibles responsabilidades.
Finalmente, se anunció que todos los integrantes de la extinta Dipampco deberán someterse a evaluaciones de desempeño, pruebas de confianza y procesos de certificación antes de ser asignados a nuevas funciones dentro de la estructura policial.
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