La secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Leda Pagán, anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional orientada a la prevención de femicidios en 30 municipios del país identificados con mayor incidencia de este tipo de violencia.
Pagán explicó que la iniciativa se desarrolla por instrucciones del Poder Ejecutivo y contempla la reactivación de acciones conjuntas con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como con el consejo encargado del seguimiento a la investigación de muertes violentas de mujeres, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante estos casos.
La funcionaria indicó que, en coordinación con las secretarías de Estado en los despachos de Seguridad y Defensa, se han realizado análisis sobre la distribución geográfica de las muertes violentas en el territorio, lo que permitió identificar los municipios donde se concentrarán las intervenciones prioritarias.
Según detalló, la estrategia se enfocará específicamente en esos 30 municipios, donde se implementarán acciones dirigidas a prevenir hechos de violencia. “Buscamos la forma de prevenir el homicidio y no solamente lamentar”, señaló, al destacar la importancia de anticiparse a los hechos antes de que ocurran.
Pagán subrayó que, aunque una vez ocurrido un femicidio las posibilidades de acción son limitadas, el enfoque principal debe centrarse en la prevención.
En ese sentido, afirmó que desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se mantiene un llamado constante a las instituciones del Estado para que asuman un rol activo en la reducción de estos delitos.
Asimismo, destacó la articulación interinstitucional con la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional como parte de un abordaje integral que permita identificar patrones, zonas de riesgo y posibles factores que inciden en la violencia contra las mujeres.
La funcionaria también reconoció que este fenómeno no es exclusivo del país, al señalar que forma parte de una problemática regional.
En ese contexto, recordó que Honduras enfrenta desafíos similares a los de otras naciones, aunque enfatizó que la estrategia actual no constituye un estado de excepción, ya que este tipo de medidas podría restringir derechos y garantías fundamentales.
Finalmente, reiteró que el objetivo central es fortalecer la prevención mediante acciones focalizadas, sin dejar de lado el respeto al marco de derechos humanos y la coordinación entre las distintas instituciones responsables de atender y combatir la violencia de género.


