El Gobierno de Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre inmediato de su representación en Managua, tras rechazar un informe del organismo que señala un incremento en la crisis alimentaria del país.
En una carta dirigida al director general de la FAO, Qu Dongyu, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, calificó de «inaceptable, inadmisible e irrespetuosa» la postura del organismo.
Asimismo, denunció que el informe «Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024» contenía información «falsa» y con «tendencia injerencista y malintencionada».
El documento de la FAO estima que más de 1.3 millones de personas en Nicaragua padecen hambre, lo que equivale al 19.6 % de la población.
Además, señala que el 15 % de los niños menores de cinco años presentan retraso en su crecimiento debido a la desnutrición.
Estas cifras representan un aumento respecto a los datos de 2018-2020, cuando el 17.8 % de la población (1.1 millones de personas) enfrentaba inseguridad alimentaria.
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El canciller nicaragüense argumentó que la información fue publicada sin consulta ni validación por parte del gobierno.
Lo que, según su criterio, incumple el respeto a la soberanía de los Estados miembros.
También acusó a la FAO de «desprestigiar» las políticas gubernamentales en materia de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria.
En su pronunciamiento, el gobierno de Nicaragua no presentó datos oficiales sobre el nivel de hambre en el país ni ofreció una cifra alternativa a la expuesta en el informe de la FAO.