Tegucigalpa, Honduras. El proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el denominado caso Pandora II enfrenta un nuevo escenario luego de que el Juez Natural designado para conocer la causa se declarara incompetente para continuar al frente del expediente.
La decisión fue confirmada por el director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que, tras revisar las condiciones actuales del proceso, el juez determinó que ya no existe un alto funcionario del Estado involucrado que justifique la competencia especial bajo la figura de Juez Natural.
De acuerdo con la explicación proporcionada, esta resolución abre la posibilidad de que el expediente sea remitido al Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que asumiría el conocimiento del proceso en la jurisdicción ordinaria.
No obstante, el traslado todavía no se ha concretado. La defensa del exmandatario anunció la presentación de un recurso de reposición contra la resolución, por lo que primero deberá agotarse esta etapa antes de determinar si el expediente finalmente pasa al circuito especializado.
Recurso mantiene en pausa el traslado
El Poder Judicial deberá conocer y resolver la impugnación presentada por los abogados de Hernández. Hasta que exista una decisión sobre ese recurso, el expediente permanecerá bajo la situación jurídica actual.
El escenario podría modificar la ruta procesal del caso, aunque no significa el cierre de la acusación ni una resolución sobre la responsabilidad penal del expresidente.
El propio Poder Judicial explica que la figura del Juez Natural Designado está vinculada, entre otros casos, al conocimiento de procesos relacionados con altos funcionarios del Estado.
¿De qué trata Pandora II?
El caso Pandora II fue judicializado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en octubre de 2023. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa.
Según la investigación fiscal, entre 2010 y 2013 se habría estructurado una red para canalizar más de L288 millones de fondos públicos hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista. En el caso de Hernández, la Fiscalía le atribuye haber recibido al menos L62 millones para financiar actividades políticas mediante diferentes mecanismos, entre ellos empresas señaladas como ficticias, prestanombres y contratos considerados irregulares por los investigadores.
La acusación contra Hernández incluye los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, mientras que otros exfuncionarios enfrentan señalamientos por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Audiencia continúa en agenda
Mientras se resuelve el recurso de reposición, la audiencia prevista para el próximo lunes permanece programada, según la información proporcionada sobre el proceso.
El futuro inmediato del expediente dependerá ahora de la resolución que adopte la autoridad judicial sobre la impugnación presentada por la defensa. Posteriormente, de confirmarse la pérdida de competencia del Juez Natural, el proceso podría ser remitido al circuito especializado correspondiente.
La decisión sobre la competencia no representa una declaración de culpabilidad o inocencia. El proceso deberá continuar conforme a las etapas y garantías establecidas por la legislación hondureña.