El vicecanciller Gerardo Torres reiteró que la implementación del estado de excepción en el país “no es una decisión antojadiza, sino una necesidad de seguridad nacional”, destacando que su aplicación ha permitido una reducción significativa de los índices de violencia y forma parte de la estrategia del gobierno para garantizar la tranquilidad ciudadana.
Durante una declaración pública, Torres defendió la medida frente a críticas locales e internacionales, señalando que la afirmación de que 90 países estarían en contra del estado de excepción es una “sinvergüenzada absoluta”, y precisó que, según los resultados del Examen Periódico Universal (EPU), únicamente seis de los 79 países participantes mostraron preocupación por la extensión de la medida.
“En cambio, 72 felicitaron a Honduras por sus avances”, subrayó el vicecanciller, enfatizando que la comunidad internacional reconoce los esfuerzos del país para mantener el orden y garantizar la seguridad de la población.
Torres también hizo un señalamiento político sobre quienes critican la medida:
“El mundo está acompañando a Honduras, quiere que haya elecciones, y los que no las quieren son los que están a punto de perderlas, que son el Partido Nacional y el Partido Liberal”, afirmó.
El vicecanciller destacó que el estado de excepción, vigente en varios municipios del país, incluye la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales como medida extraordinaria para prevenir hechos delictivos graves y proteger la vida de los ciudadanos.
Según Torres, los resultados de su implementación se reflejan en la reducción de delitos violentos, operativos exitosos de seguridad y mayor control sobre actividades delictivas, lo que ha permitido que la población pueda desarrollar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.
El funcionario reiteró que la medida se mantendrá hasta garantizar un entorno seguro durante el proceso electoral, y aseguró que la prioridad del gobierno es respetar el marco constitucional y democrático, al tiempo que se protege a los ciudadanos ante amenazas a la seguridad nacional.
“Esta no es una medida permanente ni arbitraria; es un instrumento temporal que ha mostrado resultados positivos y que responde a la necesidad de resguardar la integridad de los hondureños en un momento clave para el país”, concluyó Torres.