El Ministerio Público informó que asumió de oficio la investigación del caso del perro que fue captado mientras era arrastrado por un vehículo en Choloma, Cortés, luego de que un video del incidente se viralizara en redes sociales y generara indignación entre la población.
A través de la Fiscalía de Delitos Comunes y su sección de turno, la institución ordenó a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desplazarse hasta la vivienda del propietario del animal para verificar su estado de salud y recopilar información sobre lo ocurrido.
Según el informe oficial, durante la inspección las autoridades examinaron directamente al perro y revisaron la documentación correspondiente a la atención veterinaria que había recibido.
Como resultado de la evaluación, los peritos determinaron que el animal no presentaba heridas ni lesiones visibles.
Asimismo, la condición física del can, que mostraba signos de delgadez, fue atribuida a una infestación de garrapatas, de acuerdo con los medicamentos y el historial clínico presentados por su propietario.
Ministerio Público esclarece caso del can en Choloma, Cortés.
Ante la circulación en redes sociales de un video que muestra a un perro siendo trasladado de forma inadecuada en Choloma, Cortés, el Ministerio Público informa que tomó el caso de oficio a través de la Fiscalía de… pic.twitter.com/Rr5S4V6Ben
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 2, 2026
El Ministerio Público explicó que, conforme al artículo 32 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, el delito de maltrato animal solo se configura cuando se produce la muerte del animal, la pérdida de alguna extremidad o una incapacidad que le impida movilizarse.
Debido a que durante las diligencias no se comprobó ninguna de estas circunstancias, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para configurar un delito penal, por lo que el ciudadano que había sido retenido recuperó su libertad.
No obstante, la institución aclaró que los hechos podrían constituir una infracción administrativa, cuya competencia corresponde a las municipalidades o a los Juzgados de Paz, dependiendo de la gravedad del caso.
Por esa razón, toda la información recopilada durante la investigación fue remitida a las autoridades competentes para que determinen si procede la aplicación de sanciones administrativas, mientras que las actuaciones efectuadas quedaron incorporadas al expediente, respetando el debido proceso.
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