El exdiputado del Partido Liberal Midence Oquelí Martínez Turcios se prepara para conocer la sentencia que definirá cuántos años pasará en una prisión estadounidense, tras ser extraditado por sus vínculos con la estructura criminal de Los Cachiros.
Según el escrito de la Fiscalía de Nueva York, Oquelí no solo fue un político, sino también socio, operador y sicario del cartel.
“Lideró comandos armados que transportaron toneladas de cocaína desde pistas clandestinas en Colón hasta la frontera con Guatemala, rumbo a Estados Unidos”, señala el documento.
Crímenes violentos y vínculos con la política hondureña
La acusación detalla al menos seis crímenes violentos directamente relacionados con Oquelí:
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El asesinato del político Juan Ramón Salgado.
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La ejecución de Salvador Regalado.
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El crimen del periodista Nahúm Palacios y su pareja.
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El secuestro, tortura y asesinato de un hombre conocido como “Alex”.
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El secuestro y asesinato del sicario rival apodado “Mantequilla”.
La Fiscalía estadounidense asegura que Oquelí utilizó su experiencia militar y su cargo político para garantizar impunidad al cartel y encubrir negocios de lavado de activos.
Además, aparece como socio testaferro de la empresa Ganaderos, sancionada por la OFAC, junto a exdiputados como Fredy Nájera y Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
Se le acusa de haber asistido a reuniones con otros narcopolíticos para decidir quién presidiría el Congreso, con el fin de asegurar protección política al cartel.
Un juicio clave para la narcopolítica
El 4 de septiembre de 2025 será un día decisivo en la lucha internacional contra la narcopolítica hondureña. El fallo del juez Lewis Kaplan, más que un final, podría marcar el inicio de nuevas investigaciones y extradiciones.
El abogado y analista Kenneth Madrid señala que la sentencia “no será el cierre del caso, sino apenas un punto de partida”.
Según Madrid, Oquelí se vio obligado a negociar con el Departamento de Justicia de EE. UU. para evitar la cadena perpetua, ofreciendo información valiosa sobre el narcotráfico en Honduras y la región.
“La mayor parte de la información efectiva quedará en reserva. Solo cuando se corrobore podrá usarse contra otros narcotraficantes hondureños o de otros países”, explicó Madrid.
Condena solicitada y expectativa
Actualmente, la Fiscalía pide 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita 12 años (144 meses). El desenlace dependerá, en gran medida, del valor de la información que Oquelí ya entregó.
Madrid advierte que, tras la sentencia, podrían conocerse nombres de políticos de distintos partidos vinculados al narcotráfico, lo que abriría una nueva etapa judicial y política en Honduras.
“Quizá todo se pueda reducir a unos años y después le darán tiempo servido, mientras la Fiscalía se da por satisfecha con la información proporcionada”, agregó el analista.
Impacto histórico
La Fiscalía subraya que la magnitud de la droga, la violencia y la corrupción protagonizadas por Oquelí han dejado un legado de devastación en Honduras.
Sin embargo, más allá de los años de condena, el caso podría desencadenar una tormenta política y judicial, consolidando la lucha contra la narcopolítica en el país.
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