La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público admitió una denuncia formal contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, acusado de presuntos delitos electorales y traición a la patria.
La denuncia fue presentada por diversos sectores políticos y ciudadanos que señalan que las actuaciones de Marlon Ochoa habrían vulnerado la legalidad del proceso electoral y comprometido la soberanía nacional.
Este nuevo caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por presuntas irregularidades en el cronograma electoral, lo que ha llevado a una mayor vigilancia sobre el actuar de las autoridades del CNE.
Actualmente, el proceso judicial se encuentra en su fase preliminar. Las autoridades están en proceso de recolección de pruebas para evaluar el alcance y la veracidad de las imputaciones.
La abogada y exfiscal Nilia Ramos expresó su preocupación por la respuesta inicial del Ministerio Público, que exigió a los denunciantes firmar un documento advirtiéndoles sobre posibles consecuencias legales si sus acusaciones resultaban infundadas.
Ramos calificó esta medida como inaceptable y recordó que investigar las denuncias ciudadanas es una obligación constitucional del ente acusador.
Por su parte, el doctor Rony Portillo afirmó que existen pruebas suficientes para demostrar que el proceso electoral ha sido interrumpido de manera sistemática.
“Han pospuesto totalmente el calendario electoral, lo que constituye un delito electoral según la legislación vigente”, aseguró.
Portillo también denunció la aparente indiferencia del Ministerio Público ante las evidencias divulgadas en medios de comunicación, y advirtió que, de persistir la inacción institucional, las denuncias serán elevadas al plano internacional.
El pasado 10 de julio, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció públicamente que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López intentaron aprobar un aumento sustancial en sus salarios, el cual superaría los 200 mil lempiras mensuales.
Según Ochoa, la propuesta incluía el pago de horas extras y un emolumento adicional, lo que habría elevado el total de los ingresos de ambas funcionarias a casi medio millón de lempiras mensuales.
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